Mientras la defensa de los activistas detenidos en Puebla por oponerse al Arco Poniente y el “Gaseoducto Morelos” acusó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de haber fabricado pruebas para incriminarlos, la delegación de la Secretaría de Gobernación en la entidad, encabezada por Juan Molina Arévalo, reveló que serán giradas más órdenes de aprehensión en contra de otros manifestantes por haber incurrido delitos federales.

En entrevista, Antonio Lara, abogado de los aprendidos, aseguró que la PGJ presentó cintas de video y fotografías como pruebas para consignar a los activistas, sin embargo explicó que en dichos documentos nunca se aprecia que los acusados hayan obstruido o afectado obras.

Los detenidos por el gobierno de Puebla en sólo tres días son: Abraham Cordero Calderón, presidente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada; Enedina Rojas Vélez, comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan, perteneciente al municipio de Atlixco; y Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El defensor aseguró que en ningún material aparecen Enedina Rojas ni Juan Carlos Flores y que las declaraciones de los funcionarios que presuntamente presenciaron los hechos no coinciden, por lo dijo “están armadas”.

No obstante, casi de manera paralela, el delegado en Puebla de la Secretaría de Gobernación, Juan Molina Arévalo reveló que serán giradas más órdenes de aprehensión contra opositores del “Gasoducto Morelos” por delitos del fuero federal, destrozo y ataques a maquinaria de la empresa española Elecnor, encargada de la obra impulsada por la Comisión Federal de Electricidad y los gobiernos de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El funcionario federal advirtió que en las próximas horas se llevarán a cabo las detenciones pues las denuncias ya fueron presentadas ante los juzgados federales correspondientes. No obstante, Molina Arévalo evitó especificar cuántas y contra quién están formuladas dichas querellas.

En entrevista con el portal de noticias e-consulta explicó que será la Procuraduría General de la República (PGR) la que lleve a cabo las detenciones, pues señaló que no tolerarán acciones que atenten contra el patrimonio nacional.

Fue este martes cuando la Procuraduría General de Justicia (PGJ) confirmó la detención de los principales opositores al Arco Poniente y al Gasoducto Morelos por delitos como: despojo, extorsión, robo calificado, ataques a la infraestructura hidráulica y oposición a que se ejecute alguna obra.

A Abraham Cordero, se le acusa además de privación ilegal de la libertad, delitos contra funcionarios públicos y amenazas, según informó la PGJ en un comunicado este miércoles.

En tanto, a Juan Carlos Flores se le acusa de causar afectaciones en 10 pozos del Soapap en la comunicad de Santa María Cuexcomac, perteneciente al Distrito Judicial de Cholula, por lo que se dio inicio a la averiguación previa 18/2012/SPCHO. Sin embargo el abogado defensor aseguró que en los videos presentados por la PGJ no aparece Juan Carlos en las manifestaciones realizadas en dicha comunidad.

A Enedina Rojas se la acusa del delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público y robo calificado al impedir la limpieza de terrenos y la colocación de tubos para el paso del Gasoducto Morelos en Atlixco. En este caso el abogado Antonio Lara dijo que la obra no ha sido autorizada por el Ayuntamiento de dicho municipio, por lo que no es posible constituir un delito.

Moreno Valle usa PGJ para perseguir activistas en vez de delincuentes: Roxana Luna

Desde la Tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora federal por el PRD, Roxana Luna Porquillo acusó que gobierno de Rafael Moreno Valle utiliza la Procuraduría General de Justicia para perseguir activistas en vez de detener delincuentes.

Es vergonzoso que se utilicen las instituciones, como la Procuraduría General de Justicia para ser perseguida a los dirigentes sociales en lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes para frenar la inseguridad que prevalece en el estado de Puebla”, comentó Luna Porquillo.

La legisladora urgió en el pleno de la Cámara de Diputados realizar un exhorto a la administración estatal para que promueva el dialogo entre los grupos sociales y frene la criminalización del activismo, así como para que se explique la detención de los tres activistas, Abraham Cordero Calderón, Enedina Rojas Vélez y Juan Carlos Flores Solís, en menos de 72 horas. 

Es urgente que se haga un exhorto al gobierno del estado de Puebla, que se promueva el diálogo y que se organicen a los grupos sociales, que frene la criminalización de la lucha social y se consulte a las comunidades de los proyectos de alto impacto económico, social, ambiental y cultural”, agregó.

Luna Porquillo además utilizó la tribuna en San Lázaro para criticar al procurador Víctor Carrancá por no tomarle la llamada, ni atender el derecho de audiencia a los familiares de los activistas.

Además, la legisladora perredista denunció que existen amenazas contra los pobladores de la zona en donde se planea la construcción del Arco Poniente quienes se niegan a que tierras labriegas se conviertan en carreteras y zonas comerciales. Incluso señaló que contra ellos existe la amenaza de liberarse 250 órdenes de detención de parte de la Policía Ministerial en Puebla.

No sólo han detenido a los compañeros del Frente Campesino, sino también a los campesinos de Chignahuapan, de Francisco Z. Mena y de Xihuacán en esta administración. Los encarcelan y los sujetan a procesos penales, así lo hacen hoy con 300 mototaxistas, quienes además de despojarles de sus vehículos hoy se integran a averiguaciones en su contra”, criticó Luna.

En tanto los integrantes del Movimiento Nacional Los de Abajo —que integra la diputada Roxana Luna— señalaron su preocupación de que el gobierno del estado “fabrique más averiguaciones previas en contra de los activistas

En rueda de prensa,Vladimir Luna Porquillo e Hilario Alonso Flores, ambos representantes del Movimiento, calificaron de arbitraria la detención de los luchadores sociales e insistieron que la PGJ creó los cargos para amedrentar a todos los que luchan por sus tierras y que se oponen a la construcción del Arco Poniente.

Dijeron que en el caso de Abraham Cordero los tres empleados del Banco Estatal de Tierra que denunciaron secuestro y agresiones no se ponen de acuerdo con sus denuncias.

Tres empleados del Banco Estatal de Tierra denunciaron de manera forzada. Los denunciantes no se ponen de acuerdo, sus denuncias no coinciden. Está totalmente armado”

Ante la represión emprendida en el estado, diversas organizaciones sociales, campesinas, sindicatos, indígenas, colectivos en defensa de los derechos humanos y mototaxistas conformaron un frente común para afrontar la embestida del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Las agrupaciones advirtieron que llevarán a cabo una marcha para este jueves 10 de abril, que partirá de El Gallito, en el parque de Paseo Bravo, hará escala en el Congreso del estado, para después efectuar un mitin en Casa Aguayo.

Las detenciones han provocado la molestia de agrupaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Tlaxcala-Morelos, el Frente de Campesinos y Productores de la Sierra Nevada, el Movimiento Alternativo Social (MAS), el Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México, la Red de Derechos Humanos, el Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (Miocup), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y Movimiento Nacional, así como el Frente Indígena Campesino de México (Ficam).