En sólo una semana la Secretaria de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia dieron de baja a 400 policías estatales, 80 agentes ministeriales, 40 agentes del ministerio público y 30 peritos por no acreditar pruebas de control y confianza.

 

Este lunes, mediante oficio fueron citados 400 elementos para ser cesados de la Secretaría de Seguridad Pública, hecho que provocó el inicio de un paro laboral que fue desactivado con la promesa de analizar los perfiles de los agentes estatales para colocarlos en otras áreas.

 

Sin embargo, ayer los uniformados sostuvieron una reunión con el encargado del despacho de la Subsecretaria de Operaciones Policiales, Alberto Canseco Villagrán quien desconoció los acuerdos del lunes pasado y dijo que solamente se podrían reinstalar 150 de los 400 estatales despedidos en puestos administrativos.

 

De acuerdo con los agentes estatales, esta medida solamente es momentánea y tras insertarlos como administrativos los irán despidiendo poco a poco, por lo que de nueva cuenta anunciaron un nuevo paro este miércoles.

 

Del mismo modo ocurrió el día martes con agentes de Policía Ministerial. Al menos 80 agentes fueron dados de baja por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por no aprobar los exámenes de control de confianza.

 

Según trascendió, los ministeriales también tuvieron la promesa de sus superiores para serán incorporados a tareas administrativas, como les comentó Juan Luis Galán Ruiz, director de la Policía Ministerial quien informó que el lunes recibió la lista de los elementos que reprobaron el examen de control de confianza.

 

Durante la reunión, Galán se deslindó de las bajas y dijo que él no estableció los parámetros de las evaluaciones, sino el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por lo cual las bajas dependían exclusivamente del gobierno federal y no de la PGJ.

 

Este miércoles ocurrió la tercera jornada de despidos consecutivos, esta vez alcanzo a 40 agentes adscritos a Ministerios Públicos y 30 peritos de la Procuraduría General de Justicia.

 

A todos los servidores públicos se les han exigido las armas de cargo, gafetes e instrumentos propios de sus labores y, para tranquilizarlos se les promete el ser reinstalados puesto que, a la fecha, no tienen noticia formal de una liquidación conforme a lo que marca la Ley Federal del Trabajo.

 

Hasta entrada la noche, los agentes estatales seguían convocando a sus compañeros uniformados a enlistarse en un censo en la Central de Policía Estatal de la calle 9 Oriente en el Centro Histórico donde amenazaron con mantenerse en paro laboral hasta que se les garanticen condiciones de reinstalación seguras.