Además de ser reprobado en transparencia sobre gastos en medios, el gobierno de Rafael Moreno Valle mantiene la misma política discrecional y opaca que la administración de Mario Marín. Al igual que en el sexenio pasado, Moreno Valle tiene medios preferidos a los que ha beneficiado con millonarios convenios de publicidad: Televisa y Síntesis.
De acuerdo al estudio “El costo de la legitimidad, el uso de la publicidad oficial en las entidades federativas” proyecto coordinado por ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica y Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C. con el apoyo de Open Society Justice Iniciative, el cambio de gobierno en Puebla sólo sirvió para favorecer a las televisoras y a medios cómodos, extendiendo sus convenios de publicidad oficial.
Tal y como lo publicó CENTRAL el pasado 7 de julio del 2012, el presupuesto destinado a medios de comunicación, que de acuerdo a información oficial fue de 180 millones de pesos, 63.7 fueron para Televisa y 24 millones para TV Azteca. Esto significa que el gasto en televisión representó en 2011 el 63 por ciento del presupuesto designado al área de Comunicación Social.
Dicha cifra contrasta con lo asignado durante el último año de gobierno de Mario Marín, cuando se invirtió 17 por ciento del total de gasto en publicidad oficial en televisión.
Es importante destacar que a pesar de que el gobierno del estado reportó en 180 millones el gasto total en medios, el estudio de Fundar y Articulo 19 aseguran que el estado erogó 194.3 millones de pesos, una diferencia de 14.3 millones.
En este sentido, mientras el periódico Síntesis cuya partida de publicidad oficial apenas alcanzaba los 4 mil 500 pesos en el 2008, recibió 10 millones de pesos durante el primer año de la administración estatal.
Asimismo la asignación de recursos a publicidad en medios continuó sin reglas claras, pues según el análisis de transparencia el nuevo gobierno cambio completamente la asignación a medios, favoreciendo arbitrariamente a unos medios más que otros.
Sin embargo, ante la discrecionalidad para entregar los recursos, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue el salvoconducto para la supervivencia de los medios de comunicación que por su línea editorial crítica al gobierno fueron marginados de los convenios publicitarios.
Renuente a entregar la información
Similar al sexenio marinista, el gobierno morenovallista se ha caracterizado por negarse a entregar la información relacionada al rubro de transparencia, dicha situación también fue consignada por el estudio de marras.
Y es que el índice se sustenta en la capacidad de los gobiernos estatales para dar respuesta a las solicitudes de información sobre gastos en publicidad sobre cinco variables: Gasto total aprobado y ejercido para 2010, Gasto total aprobado y ejercido para 2011, Gasto ejercido desglosado por medio de comunicación, Gasto ejercido desglosado por proveedores y Gasto ejercido desglosado por concepto o campañas.
De estos, Puebla no entregó ninguno, —situación que le confirió su calificación de cero en transparencia— por lo que Fundar y Articulo 19 recurrieron a solicitar tres recursos de revisión, con los cuales fue posible obtener cierta información.
Finalmente, el análisis concluye señalando que la alternancia vino acompañada de un reacomodo que se logró a través de la asignación arbitraria de la pauta publicitaria.
Del mismo modo, a la llegada de Moreno Valle se planteó la necesidad de criterios objetivos y transparentes, situación que únicamente se quedó en el discurso para luego pasar al olvido.
En este sentido, insiste el diagnóstico, sólo hubo un cambio en los mecanismos para ejercer presión en contra de los medios
La llegada de Moreno Valle la prensa se vio severamente afectada en sus finanzas por un recorte presupuestal importante en materia de publicidad oficial; algunos periódicos tuvieron que despedir a sus periodistas o recortar sus efectivos como es el caso de la Jornada del Oriente; el periódico El Heraldo de Puebla pasó de recibir más de 12 millones de pesos en el 2008 a no recibir nada con el cambio de gobernador en 2011; mientras que el periódico Síntesis cuya partida de publicidad oficial apenas alcanzaba los 4,500 pesos en el 2008 recibió 10 millones de pesos en 2011”.
Esto, refiere Fundar y Artículo 19, son prácticas que afectan de manera importante la relación entre los medios y este sector; pues existen casos donde el mismo gobierno le solicita al anunciante privado no comprar la publicidad a un medio que es crítico.
Y concluye:
Todo esto pone énfasis en la ramificación de las malas prácticas ejercidas en la asignación de publicidad oficial tanto por el poder ejecutivo como por otros poderes y órganos autónomos, e insta a la necesidad de una regulación sobre los recursos designados a publicidad oficial, el criterio con el que se asignan dichos recursos y la transparencia de su ejercicio.”
Aquí el estudio completo:
P.O.FINAL by Periódico Central