La comodidad de López Badillo ha sido patente de enero a junio del 2014, la CDHEP ha emitido 12 recomendaciones y de ellas sólo una fue en contra del gobierno de Puebla, específicamente contra la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a pesar de que al menos existen 31 activistas políticos encarcelados este año, detenciones que han sido producto de la represión de derechos humanos hechas por la administración morenovallista, según han señalado los críticos del ombusdman.
El papel de López Badillo contrasta con el desempeño de su predecesora en el cargo, Marcia Maritza Bullén Navarro, quien emitió 35 recomendaciones en los últimos seis meses de gestión —de febrero a julio del 2011— de las que 12 fueron para el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
Desde que asumió el cargo en el año 2011, López Badillo promovió 26 recomendaciones, de las cuales únicamente una fue para funcionarios del gobierno morenovallista. El caso quedó asentado en la recomendación marcada con el número 60/2011 hecha al entonces secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado por la actuación de 200 elementos de la Policía Preventiva Estatal que desalojaron con violencia a quejosos de Ciénega Larga en el municipio de Chignahuapan.
La lluvia de críticas
La gestión de López Badillo ha tenido un año crítico en el 2014. Desde finales del 2013 salió en defensa del gobierno estatal y aseguró que la Ley del Agua —propuesta por Rafael Moreno Valle que entró en vigor en mayo del 2014— que privatizó el servicio de agua potable en el estado “no podía considerarse inconstitucional ni que violentara los derechos humanos”. Además López Badillo criticó la cascada de amparos interpuestos contra la concesión del Soapap debido a que es una legislación que no ha entrado en materia.
Fue en abril pasado, que la CDH comenzó a ser señalada por activistas como mera comparsa del Morenovallismo, como ocurrió tras la detención de la activista Enedina Rojas Vélez, comisariada ejidal de 60 años y representante de la comunidad San Felipe Xonacayucan por su abierta oposición a la construcción del Gasoducto Morelos en la zona que habitaba se le detuvo con el uso de más de 15 patrullas estatales.
Al momento en que Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala, presentaba la respectiva denuncia por la detención de Enedina Rosas, fue sorprendido en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del estado y también detenido en un operativo excesivo.
Luego vino la detención de Abraham Cordero Calderón, presidente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada. Sobre los tres casos, el presidente apenas y confirmó el inicio de expedientes pero a la fecha no se ha reportado avance alguno de ellos. Es más, la función del ombusdman fue criticada por la diputada federal perredista, Roxana Luna Porquillo quien consideró sospechosa la detención de Flores Solís a las afueras de la CDH.
La #LeyBala pasó de noche
El 19 de mayo del 2014, con 32 votos a favor y 5 en contra el Congreso del estado de Puebla aprobó en sesión extraordinaria la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, legislación que provocó un debate que incluso llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, la opinión de López Badillo sobre la llamada #LeyBala fue únicamente que la Comisión Estatal analizaría los alcances de la iniciativa y la revisaría para hacer observaciones al respecto al Congreso local.
El reporte que prometió López Badillo al respecto en entrevista con diversos medios de comunicación se olvidó un día después durante el informe de labores en el que estuvo presente su homólogo nacional Raúl Plascencia Villanueva y quien en el evento halagó los avances en materia de derechos humanos en Puebla.
31 presos políticos en 2014
El domingo 29 de julio, la diputada federal Roxana Luna Porquillo contabilizó al menos 23 detenidos en calidad de presos políticos en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, a los que consideró como perseguidos por ser opositores al gasoducto Morelos y el Arco Poniente, o al Sistema Ruta en San Antonio Cacalotepec así como detenidos en los operativos contra mototaxistas.
A estos 23 detenidos se suman 8 más que fueron detenidos durante el desalojo violento del Centro Integral de Servicios en Tehuacán por oponerse a la Ley del Registro Civil que concentra en las cabeceras los servicios que antes se daban en las oficinas de las juntas auxiliares.
Debido a esto, la diputada federal indicó que se daría seguimiento de los casos de presos políticos con quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir la revisión de los detenidos y que se vigile el actuar de las autoridades poblanas, cosa que no ha hecho el ombusdman del estado, Adolfo López Badillo.