El gobierno de Rafael Moreno Valle aplicó la llamada Ley del Desalojo y en menos de cinco minutos despojó de sus propiedades al ciudadano David Gallegos, quien poseía 6 locales comerciales, para el proyecto de ampliación de la avenida Las Torres. El despojo fue efectuado en cinco minutos y la administración utilizó 20 granaderos, 50 trabajadores, 3 camiones de mudanza y maquinaria pesada.

En entrevista con CENTRAL, Gallegos explicó que la demolición sucedió desde el viernes y hasta ese momento no sabe qué pasó con los muebles que se llevaron los camiones ni quién le pagará por el predio de mil metros cuadrados que le arrebataron.

Dijo que, hace unos meses, la administración morenovallista le ofreció hasta 800 pesos por metro cuadrado, sin embargo dijo que no llegó a ningún acuerdo y que no lo volvieron a buscar por parte del gobierno.

David Gallegos fue notificado cinco minutos antes de que máquinas excavadoras tiraran los locales comerciales en su propiedad, afectando al menos a seis locatarios que tenían diversos negocios y que hoy amenazan con demandarlo.

Según explicó Gallegos, desde marzo se le acercó personal del Gobierno del Estado para sondearlo ya que se  proyectaba la extensión de la avenida de Las Torres, sin embargo jamás llegó a un arreglo.

En marzo se acercaron pero jamás nos dijeron nada. Ni confirmaron ni nada. Nos ofrecían de 600 a 800 pesos por metro cuadrado, la verdad es que por todo el predio que nos quitaron serían menos de un millón de pesos y pues ese no es el valor de la zona. Así que la segunda vez que supimos de ellos fue el viernes que ya teníamos a los del desalojo y la demolición encima...", relató David Gallegos.

Hasta el momento el propietario aún desconoce a dónde y con quién tiene que hablar para que el Gobierno del estado le pague por el predio, el inmueble destruido y las rentas caídas de los locales comerciales.

Teníamos ocho locales ahí. Seis fueron demolidos y los dos que quedaban se fueron por miedo. Los locatarios nos quieren demandar y pensaban que eran una mala jugada, les hemos tratado de explicar y hasta a los que no demolieron sé fueron, ya nos quedamos sin nada. Necesitamos los pagos de las rentas vencidas. Incluso una pastelería exigió el pago de sus pasteles porque todo lo perdió".

Según cuenta David Gallegos, tras la primera notificación del Gobierno del estado, en marzo acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja, pero este lunes buscará ante gobierno del estado junto con sus representantes legales a quién deba responder por el pago del predio y las afectaciones a él, su familia y los locatarios a los que les rentaba los espacios.

De los locales se llevaron todo, puertas, ventanas, baños y se derrumbó parte de la casa de mi hija. A la hora de la demolición tiraron un muro y la demolición afectó la casa de mi hija. Me dijeron: 'Usted no se preocupe y el gobierno les va a pagar todo', pero aún falta ver qué ocurre".

"Vimos el esfuerzo de años derribarse en tres horas"

Claudia Arámburu, propietaria de una franquicia de la pastelería Bon Dessert es una de las seis locatarias afectadas por la expropiación exprés ocurrida el viernes para la ampliación de la Avenida Las Torres.

A través de su cuenta de Facebook, Claudia Arámburu documentó la pérdida de su patrimonio, su fuente de ingresos y con la que daba empleo a dos personas más. Según denunció, la desalojaron en cinco minutos y en tres horas más el local estaba ya en pedazos, así como la inversión del negocio que le tomó tres años en implementar.

...vivimos una situación difícil porque fuimos desalojados de la pastelería sin previo aviso y sin notificación alguna, ni de los dueños del local, ni de ninguna autoridad. (...) Después de tres horas, sin darnos tiempo para nada más entró una máquina y a derribar. El esfuerzo de muchos años de trabajo para realizar esta inversión se acabó en tres horas y sin expectativas de recuperar algo...".

Según las indicaciones que dieron a Claudia Arámburu los abogados que notificaron de la expropiación, avisaron que únicamente se indemnizará al propietario de los locales, pero los empresarios que tenían sus negocios establecidos no tienen seguro ningún pago.

Expropiados de dos colonias no han sido indemnizados

Mientras tanto, al menos 40 vecinos de las colonias El Molinito y Emiliano Zapata, cuyos predios fueron expropiados por el gobierno del estado y el ayuntamiento de San Andrés Cholula para la ampliación de la Avenida Las Torres, aún no han sido indemnizados por las autoridades.

CENTRAL hizo un sondeo entre vecinos expropiados de la primera etapa en la zona de la ampliación de Las Torres quienes fueron afectados meses atrás y a pesar de la promesa de pago no han tenido conocimiento de cuánto ni cuándo se les pagará.

Guadalupe Ramales, propietaria de un predio donde antes se ubicaban cinco casas pequeñas, fue expropiada cuatro meses atrás de la misma manera en que ocurrió este fin de semana. Hoy el predio de Guadalupe Ramales está en obra negra y ha intentado reconstruir en el espacio que le quedó:

Hoy pues me quedó este pasillo. Aquí había cinco casas. Y pues ya sólo me queda esto. No sé cuándo me van a pagar. Ni sé cuánto. Solamente me queda esto. Con el gobierno uno no puede ganar. Mi familia ya está resignada".