En las últimas semanas del gobierno de Mario Marín Torres, el entonces secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas liberó a criminales de alta peligrosidad acusados por secuestro, violación tumultuaria,homicidio calificado, robo calificado, asalto y lenocinio, delitos graves por los que fueron sentenciados y que el funcionario estatal no respetó.
Una investigación realizada por El Sol de Puebla reveló que al menos 7 presos fueron liberados, de los cuales 3 han vuelto a delinquir y regresaron al penal, acusados por delitos contra la salud, robo calificado, portación de arma de fuego y robo de vehículo. Los familiares de los detenidos aseguraron que los funcionarios les exigieron entre 500 mil y un millón de pesos, dependiendo el delito, para resultar beneficiados.
El último secretario de Gobernación del sexenio marinista, favoreció a delincuentes y dejó impunes muchos delitos al no respetar los tiempos de sanción que iban de 6 a 42 años.
Al dejar en libertad a los delincuentes Meneses Rojas violó el artículo 19 de la Ley de Ejecución de Sentencias Privativas de la Libertad en el Estado que precisa cinco fases del tratamiento preliberacional y el artículo 110 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla que establece que el tratamiento preliberacional sólo podrá iniciarse si la persona sentenciada cumple la tercera parte de la sanción que se le impuso.
La investigación establece que la liberación de los detenidos no está justificada por ningún medio, ya que los beneficiados tampoco cumplieron con las fases del tratamiento preliberacional, pues no se encontraron constancias de buena conducta, estudios integrales de personalidad que señalen que estaban socialmente readaptados, que hayan cubierto o garantizado la reparación del daño, ni otorgaron la garantía fijada para asegurar su presentación ante la autoridad.
Además en los 7 casos referidos, Meneses Rojas violentó distintos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Seguridad Pública; como el artículo 20, que establece que "en el proceso penal se deben esclarecer los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune".
Para realizar las preliberaciones ilegales Meneses Rojas no estuvo solo, pues tuvo cómplices como el director general de Ejecución de Sentencias y de Medidas, Indalecio Cuesta Torres, que fue quien validó la preliberación que "por acuerdo del Ejecutivo le concedió la Quinta Fase del Tratamiento Preliberacional" en favor del detenido José Carlos Ramos Dávila, según consta en el oficio 000497 que emitió el 21 de enero de 2011, para preliberar a quien purgaba una pena de 42 años de prisión por homicidio calificado y violación tumultuaria.
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