El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas desempolvó el caso Marín-Cacho: casi nueve años después de la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, la ONU se pronunciará en torno a la pesquisa sobre violación a las garantías individuales de la autora Los Demonios del Edén de parte del Estado mexicano.
La Organización de las Naciones Unidas investigará la responsabilidad del Estado mexicano en el caso Marín-Cacho por la violación a los derechos de libertad de expresión, libertad personal, integridad personal, debido proceso jurídico y no discriminación contra las mujeres.
La injerencia de la ONU en el caso llega 9 años después de la detención de Lydia Cacho —diciembre de 2005—, quien fue trasladada en condiciones infrahumanas en un trayecto de más de 20 horas desde Quintana Roo hasta Puebla y en las que, denunció la periodista, su vida estuvo en peligro y fue golpeada por los ministeriales poblanos.
El caso Marín-Cacho fue encarpetado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2007, cuando la mayoría de los ministros determinaron exonerar al gobernador Mario Marín Torres de su participación en la detención y de la violación de los derechos humanos de la escritora mexicana.
El martirio de Lydia Cacho comenzó con la denuncia penal por difamación presentada en Puebla por el empresario textilero Kamel Nacif por su aparición en Los demonios del edén, como parte de una red política y económica de trata de menores.
En febrero de 2006, La Jornada y W Radio revelaron la conversación en la que Kamel Nacif le agradece a Mario Marín la detención de Lydia Cacho; en abril de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Procuraduría General de la República atrajeron el caso.
En 2006 también, un juez del Distrito Federal absolvió a Lydia Cacho de los denominados delitos de prensa. Pero el caso siguió, al igual que los ataques contra la periodista.
Proceso hizo el siguiente recuento de lo que ha sufrido la periodista mexicana desde su detención en diciembre de 2005:
Pese a ello, Lydia Cacho ha sido víctima de diferentes agresiones: un atentado en mayo de 2007 cuando iba a bordo de una camioneta (07/FEADP/07) y múltiples amenazas de muerte recibidas vía Internet en febrero y abril de 2009 (2/FEADP/2010).
A ello se suman acoso y actos de vigilancia al Centro Integral de Atención para la Mujer (CIAM), que ella encabeza, y al domicilio de la activista en mayo y junio de 2009 (006/FEADP/2009 y/o EXH/PGR/QROO/CAN/107/2009).
Aparte, amenazas a una integrante del CIAM en julio de 2009 (2/FEADP/2010); amenazas a Cacho en agosto de 2009 (2/FEADP/2010); amenazas telefónicas en febrero de 2010, y actos de intimidación (2/FEADP/2010) y amenazas en mayo y julio de 2010 (AP/PGR/FEVIMTRA-C/035/2010).
Pese a que existen cuatro denuncias por estos delitos, así como solicitud de medidas cautelares ante organismos nacionales e internacionales, las autoridades mexicanas siguen sin dar acceso a la justicia a Lydia Cacho.
En el comunicado emitido por Artículo 19 y Cacho se destaca que “presentar la petición ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU representa una oportunidad para que un organismo internacional obligue al Estado mexicano a tomar medidas que reparen los daños causados en su persona”.
Con información de Apro.