Intimidación domiciliaria, agresiones físicas, amenazas y hasta la muerte, han encontrado los comunicadores en Puebla durante el 2012 y parte de este 2013. El homicidio del ex conductor de TV Azteca Guerrero, Alonso de la Colina Sordo en la capital y del asesinato del reportero Adrián Silva en Tehuacán son los dos últimos casos registrados.
Luego de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no ha dado avances en el caso de De la Colina Sordo —quién falleció tras un asalto al salir de una institución bancaria el pasado lunes— integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos llegaron a Puebla para reunirse con el personal de la Comisión de Derechos Humanos del estado a fin de solicitar el seguimiento de agravios contra periodistas.
Rogelio Hernández, integrante del consejo dijo que entre 2012 y 2013 el mecanismo registró 39 casos de agresión de comunicadores en Huachinango, Zacatlán y Puebla, entre otros municipios, en donde los principales agresores son los cuerpos policiacos, los alcaldes y personal de la esfera gubernamental.
En amenazas tenemos registradas cuatro de muerte, tres de acometidas en visitas de casa, situación que implica un alto nivel de riesgo, y también de agresiones que impiden el ejercicio periodístico (…) te dicen te recomiendo con tu jefe para que te cambie de fuente o te corra hasta le quito la publicidad al medio si siguen sacando estas cosas”, dijo.
Rogelio Hernández y Andrés Solís —también integrante del Consejo Consultivo—presentaron un monitoreo de casos al primer visitador Omar Martínez Baez, quien se comprometió a que se generen más acercamientos con el consejo para garantizar el seguimiento de casos a los comunicadores agraviados.
Ambos comunicadores pugnaron por la profesionalización de sus colegas poblanos para que vayan descendiendo el número de agresiones, ya que si no se atiende la problemática puede incrementar en más ataques contra periodistas en el estado.
Por la tarde se reunieron con una comisión de diputados en el Congreso local para evaluar las Leyes que defienden a los reporteros en el estado de Puebla.