El gobierno de Puebla incumplió con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Conavim), por lo que se debe activar la Alerta de Género en el Estado, concluyó la Mesa de Seguimiento de la solicitud de Alerta de Género encabezada por Gabriela y Mariel Cortés.
De acuerdo a un análisis realizado por las académicas de la Universidad Iberoamericana y organizaciones civiles, de las 11 recomendaciones que tenían un plazo de seis meses para cumplirse, cinco no se llevaron a cabo y seis más se realizaron parcialmente.
VER: CONAVIM emite 11 recomendaciones al Gobierno de Puebla para evitar la alerta de género
De acuerdo al análisis, las recomendaciones que no se llevaron a cabo son:
Elaboración del diagnóstico sobre los tipos y modalidades de violencia: a pesar de que se destinaron 2.6 millones para cumplir con esta recomendación, sólo se acreditó la elaboración de una primera etapa, pero no se dijo quién elaboro el estudio y tampoco se concluirá con el segundo diagnóstico.
Garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos: en el Banco Estatal de Datos no hay datos después de diciembre de 2016. Además, de los 870 casos de violencia reportados, solo se cuenta con el expediente de 406, a esto se le suma la diferencia con el Banco Nacional de Datos de Violencia contra las mujeres, quien reporta un total de 112 casos.
Vinculación con instituciones de educación superior para la prevención y detección de casos de violencia: no se realizó un protocolo para este punto en instituciones de educación superior y sólo se llegó a un acuerdo con 39 universidades, los cuáles no incluyen fechas de cumplimiento, responsabilidades o meta concretas.
Fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres: la Secretaría de Finanzas solo otorgó el 40 por ciento de los recursos que pidieron las dependencias para su fortalecimiento. Sin embargo, ocho de cada 10 pesos otorgados al Instituto Poblano de la Mujer (IPM) fueron destinados para otras acciones que no tenían relación.
Garantizar las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia: de acuerdo al análisis realizado por las académicas, este punto no se cumplió debido a que las listas de asistencia de los 537 funcionarios públicos que supuestamente fueron capacitados, están alteradas.
En la evaluación de los funcionarios, en 3 de 10 áreas el conocimiento fue mínimo o nulo después de ser capacitados; solo una personal del IPM fue capacitada y no existe evidencia de seguimiento a las medidas.
Las medidas que se cumplieron pero parcialmente son las siguientes:
Elaboración de campañas con perspectiva de género para visibilizar los tipos de violencia: las campañas no fueron evaluadas por lo que no se puede saber qué tan efectivas fueron. Tampoco hubo participación de especialistas para evitar que los mensajes tuvieran perspectiva de género, enfoque en derechos humanos e interculturalidad.
Creación de un observatorio de medios para eliminar prácticas sexistas y estereotipadas: el observatorio se creó siete meses después del plazo establecido, y sólo cuatro meses duró el convenio con la CIRT para difundir mensajes contra la violencia de género.
Los 1.2 millones de pesos invertidos para la capacitación de medios no funcionó debido a que a pesar de los comunicadores acudieron a la capacitación, siguen reproduciendo mensajes estereotipados.
Programas de capacitación constante para instituciones encargadas de atender, prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres: aunque está recomendación está “en cumplimiento” no hay pruebas de la evaluación de resultados delo que supuestamente se hizo en el 2017.
Protocolo en materia de investigación de feminicidios y trata de personas: se modificó el protocolo sobre investigación de feminicidios y se elaboró el de trata de personas; sin embargo, los protocolos no fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla como establece el indicador
Impulsar modificaciones legislativas: Sigue pendiente la aprobación del matrimonio igualitario y está pendiente la reforma al Código Penal para establecer responsabilidad médica en el caso de violencia obstétrica.
Capacitación en torno a la NOM-046: aunque se dio por completa esta recomendación, no existen elementos probatorios respecto a la continuidad de la capacitación, las listas mostradas como evidencia repiten nombres, las fotos son borrosas o de lama calidad y las evaluaciones no reflejaron un cambio posterior a la evaluación.
Por último, se exigió al gobernador del estado hacer públicos los informes del cumplimiento de cada una de las recomendaciones, así como que se transparente el uso de los recursos destinados a estas. Al gobierno federal se le solicitó evaluar de forma eficaz el cumplimiento.
El análisis de la Mesa de Trabajo no sólo tomó en cuenta los documentos públicos referentes a la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), sino que también se basó en solicitudes de información hechas por integrantes de la Mesa de Seguimiento.
Este es el mapa de CENTRAL y PÁGINA NEGRA que contabiliza los feminicidios ocurridos en el estado de Puebla en lo que va de este 2018:
