Crimen y Castigo

Clientes de Actinver en Puebla acusan que el fraude fue por 600 millones de pesos; Ortega admite solo 200

- Foto: Especial

Aunque el socio fundador y presidente admitió solo 76 millones de pesos perdidos en el fraude de los corredores de Puebla, Luis Ortega y Raúl Sánchez, estos abusaron de la confianza de clientes que les entregaron hasta 600 millones en efectivo 

Por Edmundo Velázquez / @mundovelazquez

/ Puebla, Puebla

El fraude de la casa de bolsa Actinver en Puebla fue oficialmente reconocido por un monto de 200 millones de pesos, resposabilidad de Héctor Madero, presidente y socio fundador de la empresa, sin embargo a decir de ex clientes poblanos, se perdieron en realidad casi 600 millones de pesos, pues los corredores Luis Ortega Trelles y Raúl Sánchez aceptaron dinero en efectivo de empresarios y políticos a quienes no extendieron recibos de dichos montos.

Ortega Trelles, uno de los dos corredores poblanos a los que se les acusa por el fraude millonario, fue detenido el día 3 de enero y ayer se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en la que sus representantes aceptaron que podrían llegar a un acuerdo para devolver 200 millones de pesos, aproximadamente a los que asciende el fraude.

Sin embargo, ex clientes de la casa bursátil revelaron a PÁGINA NEGRA que el monto es tres veces mayor, ya que muchos usuarios poblanos buscaban “bancarizar” o blanquear el dinero en efectivo del cual no podían comprobar su procedencia legítima, debido a lo cual no solicitaban documentos oficiales con los que se pudiera corroborar la entrega de dinero a Actinver. Entre los clientes se encuentran empresarios y políticos poblanos cuyas identidades aún no han trascendido.

Héctor Madero, director de la firma, concedió una entrevista radiofónica el 19 de febrero del 2015 con el periodista Oscar Mario Beteta en la cual admitió el fraude en Puebla.

Madero informó en ese entonces que eran cuatro los clientes defraudados en total a los que les falsificaron las firma para sacar dinero de sus cuentas por un monto total de 76 millones de pesos.

En la audiencia se planteó el monto final del fraude en 200 millones de pesos, los cuales se deben sumar, a decir de los clientes consultados por PÁGINA NEGRA, al dinero en efectivo que otros de los clientes entregaron a los corredores Luis Ortega Trelles y  Raúl Sánchez quienes no les extendieron recibos.

A todos los demás les robó dinero en efectivo que entregaron para ‘bancarizarlo’. Todos los que entregaron dinero en efectivo no pueden comprobar su origen ni pueden reclamar legalmente nada. Son muchos y el monto se calcula en 600 millones de pesos, informó el ex cliente al que tuvo acceso PÁGINA NEGRA y quien solicitó la gracia del anonimato.

Este diario digital solicitó a Actinver una entrevista con sus representantes, sin embargo, el área de Mercadotecnia de la casa bursátil informó vía correo electrónico que esperan a que el proceso legal termine para brindar una postura oficial.

En su momento como institución comentamos todo lo relevante del caso y nuestra postura, sin embargo ahora está en manos de las autoridades y son quienes llevan el proceso de seguimiento del caso (…) En Actinver siempre trabajamos con transparencia y buscando favorecer a nuestros inversionistas con información clara; por ello, y como comunicamos en su momento, los hechos ilícitos cometidos y la forma en la que actuó Luis Ortega Trelles no forman parte de la ideología de nuestra Institución, informó la directora de Mercadotecnia de Actinver, Norma Lorena Carpizo.

VER: Detienen a operador del fraude de Actinver, prófugo desde 2015

Mientras el ex corredor de Actinver, Raúl Sánchez permanece prófugo de la justicia, Luis Ortega Trelles se mantendrá en prisión hasta no llegar a un acuerdo y pagar los daños que causó con retiros no autorizados y cheques falsos a cuentas de empresarios y políticos poblanos.

VER: Responsable del fraude de Actinver se declara inocente, pero ofrece pagar los daños

El ex director regional de la empresa desfalcada entre 2014 y 2015 fue vinculado a proceso por  el juez de control federal, quien estableció un plazo de 4 meses para realizar las investigaciones correspondientes y acreditar el delito por el que se le acusa.

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