La organización civil, Central Ciudadano y Consumidor, AC, envió comentarios al Congreso del Estado de Puebla sobre el “Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla” propuesta por el Ejecutivo Estatal.
En una carta dirigida al Diputado Jorge Aguilar Chedraui, la organización exhortó a los diputados no aprobar la propuesta en los términos que se presenta pues resultaría “regresiva y en sentido contrario a los fines a los que pretende servir”, además, pidió que el Congreso convocara a distintos actores para reflexionar sobre la regulación del transporte en Puebla y la seguridad pública.
Entre los aspectos que criticó la organización en su misiva se encuentran: la posibilidad de que el Gobierno del Estado tenga acceso a los datos personales de los poblanos, los requisitos excesivos e inequitativos para la operación de las plataformas de transporte, y, el tratamiento de la responsabilidad civil y penal de las empresas. La organización recordó que en el caso de datos personales el Gobierno del Estado ha sido cuestionado por la utilización de software de espionaje, por lo que sería poco deseable permitir que manejen sin restricciones la información de la vida privada de las personas.
Además, cuestionaron que la propuesta de reforma establezca nuevas restricciones a la operación de las plataformas en el Estado, como licencias mercantiles de operación, pues eso tendría como consecuencia la disminución de la oferta en detrimento de los consumidores de Puebla.
La organización, especializada en temas de consumo y competencia, recordó que en el 2015 la Comisión Federal de Competencia Económica recomendó a las entidades federativas evitar la regulación de precios o la restricción de la oferta de automóviles, pues se provocaría un daño a los usuarios.
En la misiva, la organización señaló que para mejorar el tema de seguridad los legisladores deberían de observar los resultados del Índice Global de Impunidad México, en el que se señala que Puebla se encuentra en el grupo de estados de alta impunidad. Lo anterior, debido a que cuenta con pocos ministerios públicos y jueces, comparado con el país, cuenta con una baja tasa de sentencias condenatorias sobre las averiguaciones abiertas y su incidencia delictiva por encima del promedio nacional. Por lo que recomendó que el Congreso se enfocara en mejorar estos puntos en lugar de restringir las libertades de los consumidores poblanos.
Finalmente, la organización, que ha participado en el diseño de otros modelos regulatorios para las plataformas de transporte, recomendó que en el diseño de la Ley se tuviera como objetivo integrar a las plataformas en un ecosistema de movilidad compartida con el sistema de transporte público. Por lo que reiteraron la importancia de “convocar a un diálogo con todas las partes interesadas y revisar con detenimiento el tema para buscar una solución integral a favor de la seguridad, la movilidad, la innovación y la libertad de los consumidores”.