El Poder Judicial Federal ordenó abrir una carpeta de investigación en contra de Juan Luis Galán Ruiz, titular de la Policía Ministerial; Fernando Rosales Rosales, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto (FISDAI) y el Juez Cuarto de lo Penal, Marcelino Romero de Jesús por la detención de los dos agentes ministeriales involucrados en la presunta desaparición, secuestro y desmembramiento de seis jóvenes de Lomas de San Miguel en Puebla.
Tanto el Juez Quinto de Distrito como el Segundo Tribunal Colegiado ordenaron que se iniciara una carpeta de investigación en contra de los funcionarios de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial en Puebla porque consideraron que no existían pruebas para llevar a cabo la captura de Javier Cruz Ventura y José Felipe Riveros Hernández, acusados de ser cómplices del empresario Jorge Aduna Villavicencio.
Según informó a PÁGINA NEGRA la defensa de los ministeriales, encabezada por los abogados José Luis Ramírez Téllez y Nicolás Machorro, del Corporativo Jurídico “Ramírez Téllez y Asociados”, los actos de las autoridades poblanas fueron consideradas ilegales por el Poder Judicial de la Federación.
Como informó este periódico digital, el amparo 264/2017 a favor de ambos agentes de la Policía Ministerial fue otorgado por el Juzgado Quinto de Distrito y confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal, con lo que se confirmó que la Fiscalía General de Justicia no contó con elementos suficientes para implicar a los dos agentes ministeriales.
En consecuencia, los titulares de la Policía Ministerial, FISDAI y el Juez Cuarto de lo Penal tendrán que ser sometidos a una investigación en la que justifiquen la captura de los dos agentes a quienes se les señaló por filtrar información para que el empresario Jorge Aduna presuntamente pudiera localizar a seis muchachos involucrados en el robo de una de sus propiedades.
Además, la defensa de ambos policías ministeriales procederá por la vía civil para acusar a la Fiscalía General del Estado por daño moral; exigirán que paguen el año de sueldos que perdieron mientras estuvieron tras las rejas.
Entre el 19 de octubre y el 27 de noviembre de 2015, seis jóvenes fueron secuestrados y asesinados, según la versión de las autoridades estatales, por órdenes de Jorge Aduna. La venganza ocurrió después de un asalto en una de sus propiedades, por lo que buscó castigar a los muchachos de Lomas de San Miguel.
El 20 de febrero del 2016, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención del empresario Jorge Aduna como autor intelectual de las desapariciones de los seis jóvenes en Lomas del Sur. Además presentó a seis personas más como sus cómplices, entre ellos los dos ministeriales.
El jueves 20 de abril de 2017, los dos ministeriales fueron puestos en libertad después del amparo ganado ante el Poder Judicial de la Federación quien ahora ordenó una investigación contra las autoridades poblanas.
En tanto, el empresario Jorge Aduna Villavicencio negó haber mandado a matar a los jóvenes que supuestamente se metieron a su casa a robar y que violaron a su hija.
En entrevista dentro del penal de San Miguel el pasado 25 de abril acusó que lo encarcelaron porque el exgobernador Rafael Moreno Valle le pidió ser su prestanombres en Agua de Puebla —empresa concesionaria del servicio de agua potable— y él se negó porque “yo trabajo para mí, no para el gobierno”
VER: Moreno Valle me metió a la cárcel por negarme a ser su prestanombres en Agua de Puebla: Aduna