Organizaciones de la sociedad civil, académicos, abogados y activistas conformaron un colectivo denominado #JusticiaSinPretextos, con el objetivo de respaldar el nuevo Sistema de Justicia Penal y evitar que se dé marcha atrás a través de una “contra-reforma” que se pretende de él.
Esto sucede luego de que el gobernador de Puebla, Tony Gali impulsó junto con sus homólogos de todo el país modificaciones al sistema de juicios orales para evitar que los delincuentes salgan libres solo pagando una fianza. La propuesta es modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar los delitos que merecen prisión preventiva.
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En este sentido, el frente conformado por 38 organizaciones, entre las que destaca Articulo 19, México Evalúa, Red Por los Derechos Digitales y México Unido contra la Delincuencia, señalaron en comunicado de prensa que la pretensión de las autoridades gubernamentales de dar marcha atrás al nuevo sistema es preocupante y constituye un retroceso a las viejas prácticas “que solapan la ineficiencia de las autoridades”.
#JusticiaSinPretextos negó que el nuevo sistema sea una “puerta giratoria” que permita a más delincuentes salir de la cárcel; criticó las cifras de las autoridades al señalar que no tienen sustento y señaló que el aumento de la incidencia delictiva no debe obedecer a reflexiones simplistas, sino que dependen de una serie de factores como el aumento en el número de denuncias y la falta de una respuesta eficiente de la autoridad.
Consideraron que si no funciona correctamente el nuevo Sistema de Justicia Penal es porque las procuradurías y policías carecen de capacidades de investigación para llevar a los criminales ante la justicia, además de la ausencia de políticas públicas efectivas para la prevención del delito.
Insistieron que el nuevo sistema creó mecanismos que garantizan la presunción de inocencia y la disminución del uso de la prisión preventiva.
Indicaron que el argumento dado por autoridades que liberar personas que han cumplido con su sentencia representa un riesgo para la ciudadanía, es un ataque directo al Estado de Derecho pues el nuevo sistema de justicia penal “aspira a que, por encima de todo, se respeten los derechos humanos de todas las personas que pasan por un proceso penal: víctimas, imputadas, familiares y testigos”.
Finalmente el colectivo exigió a los gobiernos estatales que en vez de impulsar una contra-reforma se haga un diagnostico “real y serio” del desempeño de los operadores de justicia con la finalidad de identificar las malas prácticas y resolverlas.
En este sentido #JusticiaSinPretextos exigió:
1. Que no se dé marcha atrás a un proceso de democratización de la justicia en México;
2. No olvidar que como sociedad civil organizada contribuimos también a la correcta implementación del sistema de justicia penal;
3. Que se aplique de manera correcta y eficaz la ley
4. Se fortalezcan las instituciones encargadas del nuevo sistema de justicia penal