Antes de que iniciara el proceso electoral para elegir al nuevo gobernador de Puebla, el PRI a través de sus diputados, dirigentes y hasta de la propia Blanca Alcalá, impulsó y defendió cada una de las acciones del gobierno de Rafael Moreno Valle que hoy critican como: la llamada Ley Bala para contener las manifestaciones, el endeudamiento, la privatización del agua potable, el Museo Internacional Barroco y los Proyectos para la Prestación de servicios.
El cambio de postura surgió a partir de este año cuando el tricolor lanzó a Blanca Alcalá como su candidata al gobierno del estado e instauró una campaña de críticas contra el morenovallismo, tratando de enterrar en el pasado cuando los diputados priistas apoyaron cada una de estas decisiones gubernamentales.
CENTRAL hizo un recuento de las votaciones de los legisladores que constan en las notas periodísticas de éste y el resto de medios electrónicos, con las que se verifican las incongruencias de la militancia priista que se ha desgarrado las vestiduras en contra de leyes que avalaron sin objeción o se ausentaron para abordar el tema
El caso más importante de incongruencia es el del Museo Internacional Barroco, pues antes de convertirse en candidata Alcalá defendió el proyecto y hasta el esquema de los PPS. Hoy, en campaña la priista prometió a sus electores revisar la concesión del museo y lo calificó como una “obra pantalla”.
En febrero de 2016, la candidata del PRI justificó la construcción del Museo y el uso de los Proyectos para la Prestación de Servicios como esquema de pago, y solamente dijo que era necesario que fueran transparentados los montos. En campaña la candidata cambió su discurso, en el debate dijo que no era posible que durante 27 años se cubra el costo de una sola obra y prometió la creación de la Comisión de Verdad para transparentar los recursos.
En 2012 fue el partido Verde el que presentó la iniciativa para la privatización del agua, que fue apoyada por todos los legisladores del PRI. Hoy, Alcalá acusa al gobierno de encarecer el servicio de agua potable y promete revisar la concesión que se le entregó a la empresa Agua de Puebla.
En 2014, los legisladores locales del tricolor avalaron con su voto la ley que permite el uso de armas no letales contra manifestaciones, mejor conocida como Ley Bala, y que provocó el 9 de julio la muerte del niño José Luis Tlehuatlie. En campaña, Alcalá ha condenado este ordenamiento y hasta se reunió con la madre del menor, Elia Tamayo para ofrecerle su apoyo y prometerle la derogación de esta ley.
A su vez, los legisladores priistas avalaron tres Proyectos para la Prestación de Servicios para la construcción de las plataformas Audi, el Centro Integral de Servicios y el MIB, los mismos que hoy su candidata critica por ser una deuda onerosa y oculta. Para el caso de los PPS, fue el propio diputado priista Lauro Sánchez quien en 2010 presentó la iniciativa para permitir al gobierno el uso de estos planes de inversión.
La privatización del agua propuesta por el Verde
En 2012, el Partido Verde Ecologista de Puebla presentó la “Ley de Agua” que dio paso a la privatización de los “sistemas operadores de los servicios de agua potable, estatales o municipales” y dio apertura a la privatización del suministro.
La iniciativa del ex diputado ecologista Jesús Flores Manzo fue aprobada por unanimidad de los legisladores y señala que el servicio se haría a cargo a través de “la contratación de empresas privadas”.
En septiembre de 2013, el Congreso de Puebla, avaló que 25 operadores de agua de la misma cantidad de municipios cedieran a las compañías el servicio. Votaron a favor los priistas Manuel Jiménez García y Ramón Felipe López Campo. Mientras que Elvia Suárez Ramírez y Zenorina González Ortega justificaron su inasistencia.
Ahora, Blanca Alcalá refiere que revertirá la concesión del agua que propuso el partido político que la abandera como candidata a gobernadora.
Lo que queremos es que el agua llegue a las colonias y para resolver este problema han mostrado una total incapacidad e indiferencia. Vamos a revertir esa concesión del agua, no a la privatización de ésta, vamos a hacer que se respete a las familias más humildes que hay en Puebla”, ha referido Alcalá.
Ley Bala acata los derechos humanos: Céspedes
El uso de gas lacrimógeno y proyectiles para dispersar manifestaciones sociales de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado conocida como #LeyBala fue avalado por los miembros del Poder Legislativo Estatal con 32 votos a favor y cinco en contra de los legisladores de partidos de izquierda.
La ley se aplicó contra los ciudadanos de San Bernardino Chalchihuapan que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco el 9 de julio de 2014 y provocaron la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, un menor que tenía 13 años. Aunque hubo modificaciones, sigue ambiguo el uso de la fuerza pública.
Como titular de la Comisión de Derechos Humanos el priista, Sergio Céspedes Peregrina señaló que esa ley era un llamado para que los cuerpos de seguridad acatarán con orden y respeto a los derechos humanos la dispersión de los movimientos sociales.
Mientras que en campaña Blanca Alcalá cambió la línea discursiva sobre el tema y señaló que revisará la ley aunque no ha aclarado si revertirá la concesión del servicio a la empresa Agua de Puebla.
Además de que hace una semana se reunió con la madre de José Luis Tehuatlie Elia Tamayo, casi dos años después de la tragedia, para hacer un pronunciamiento de “justicia”.
Co-responsables con la deuda
También los diputados validaron al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas 3 créditos bajo el esquema Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) que alcanzan ya los 22 mil 554 millones de pesos a pagar en plazos de hasta 25 años, según datos del exsecretario de Finanzas Roberto Moya Clemente.
Las líneas son el Centro Integral de Servicios de 3 mil 800 millones de pesos, las plataformas de AUDI de 2 mil millones de pesos y el Museo Internacional Barroco de más 650 millones de pesos.
Museo Barroco
Antes de ser candidata, Blanca Alcalá refirió que era válido solicitar líneas de crédito siempre y cuando se conocieran las características.
Se vale tener nuevos instrumentos financieros, como ustedes los tienen en sus tarjetas de crédito. Eso se vale, lo que me parece que también debería valerse es conocer cuáles son las tasas, cuáles son los años y cuáles son las características”, dijo.
Sin embargo, en campaña cuestionó el Museo Barroco, el cual avaló con su asistencia en el día de inauguración, y prometió investigarlo con la Comisión de la Verdad que instalará en caso de ganar.
Al final del día se tienen que ver la creación del Museo Barroco o el Centro Integral de Servicios, proponemos crear la Comisión de la Verdad que abra todos los contratos del gobierno, todos los fideicomisos. Que quede claro, cuando sea gobernadora toda persona que haya usado, omitido o desviado.
Lauro Sánchez, creador de los PPS
Fue el diputado de la LVIII Legislatura del PRI, Lauro Sánchez quien dio entrada a la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y dio lugar al Centro Integral de Servicios, (CIS), que en ese tiempo dijo, comprometía menos del 1 por ciento del presupuesto anual del gobierno del estado.
Además, aseguró que el crédito económico no era una deuda sino que el gobierno iba amortizando el costo y el tiempo de pago de alguna obra en particular.
Los PPS no son deuda, técnicamente no es deuda para ningún gobierno, ni federal ni estatal, porque el esquema es así, es un pasivo que se genera no endeudamiento, los recursos con lo que se hacen las obras son privados, solamente los gobierno van amortizando el costo en el tiempo y reciben el bien no es un recursos que se pida para elaborar el proyecto”, detalló.
Soto el más favorecido con el PPS-AUDI
El diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez es el mayor beneficiado de obras millonarias que se desarrollan en la plataforma AUDI -que está en prestación PPS por 2 mil millones de pesos- a través de la negociación del gobierno del estado con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organización que preside.
Quien se ha nombrado como “gran facilitador” logró que la organización que está a su mando edificara las naves industriales de su primera planta en América. Se trató de una inversión de 700 millones de dólares y la generación de 10 mil empleos. Como se ha desarrollado la obra han resultado escándalos como falta de pagos a transportistas.
En el ámbito político, Soto es cuestionado la falta de crítica al gobierno de Rafael Moreno Valle y la falta de apoyo a Blanca Alcalá.
Referencias:
http://www.proceso.com.mx/352632/aprueba-congreso-de-puebla-privatizar-servicio-de-agua-potable
http://www.proceso.com.mx/372659/aprueban-a-moreno-valle-ley-de-uso-de-armas-contra-manifestantes
http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=17002