El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, propuso incrementar de seis a ocho años de prisión la pena por el delito de violencia familiar y hasta con seis años en la cárcel a los médicos que atenten a la salud reproductiva y sexual de las mujeres, esto en el paquete de reformas que presentó ante el Congreso de Puebla el pasado 29 de julio.
Las propuestas para modificar el Código Civil y Penal del Estado de Puebla plantean en términos generales: combatir la violencia de género, mejorar los procesos de divorcio y la pensión alimentaria. Las propuestas fueron presentadas al Congreso de Puebla luego de que se han suscitado 48 crímenes contra mujeres en lo que va de 2016, la mayoría de ellos relacionados con violencia de género.
Entre las modificaciones más importantes se encuentra perseguir el delito de violencia familiar de oficio e incrementar la pena de cárcel seis a ocho años, la multa de 50 a 150 días de salario mínimo permanece. Además se obliga al abusador a sujetarse a un tratamiento de rehabilitación y hasta a perder la potestad de sus hijos:
A quien cometa el delito de violencia familiar, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario; y estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos”.
Además, el gobernador de Puebla propuso castigar con una pena de tres meses a seis años de cárcel y multa de 50 hasta 500 días de salario mínimo, a los médicos que atenten contra la salud reproductiva de las mujeres.
Esta sanción se dará bajo las siguientes causales, según el artículo 239:
- Se niegue a tratar oportuna y eficazmente el parto.
- Abuse del medicamente o dé un trato deshumanizado durante el embarazo de la mujer.
- Practique cesárea sin el consentimiento de la víctima, cuando haya condiciones para un parto natural.
- Medique o aplique anticonceptivos sin consentimiento voluntario.
- Si le niega a la madre la posibilidad de cargar o amamantar a su hijo, sin causa médica justificada.
Además, en la reforma al Código Penal se adiciona un párrafo al artículo 25 para que las víctimas de violencia que soliciten protección por parte de las autoridades, la obtengan en un máximo de ocho horas después de haberla solicitado. También se modifica el artículo 51 para garantizar la reparación integral del año a la víctima.
La segunda reforma ingresada por el gobernador de Puebla propone una serie de modificaciones al Código Civil del estado con la finalidad de evitar y atender la violencia familiar, la reparación del daño a las víctimas de violencia familiar, mejorar el procedimiento para los divorcios administrativos y garantizar la pensión alimentaria para los hijos.
Se propone modificar el artículo 299 para incrementar como impedimento para contraer matrimonio “la violencia por condición de género en cualquiera de sus tipos o modalidades de un pretendiente hacia el otro”.
Actualmente para realizar un divorcio administrativo la pareja debe, además de no haber tenido hijos y vivir en separación de bienes, haber cumplido al menos un año de matrimonio. Activistas y feministas han acusado que esta restricción es “absurda”, por lo que la propuesta es eliminarla.
También se plantea modificar el artículo 497, para obligar a los hombres que se separen de sus parejas a, además de brindar una pensión alimenticia, pagar la atención médica y hospitalaria en el embarazo y parto de la mujer.
Con la legislación actual, para pedir pensión alimentaria al padre de los hijos se debe demostrar que tiene un trabajo, el gobernador de Puebla propone quitar esta petición y establecer que el juez determine la aportación económica que debe dar el padre con base en su estilo de vida y en el estilo de vida que llevaron sus hijos hasta dos años antes de la separación.
Esto sucede puesto que actualmente muchos de los padres se excusan de dar pensión alimenticia porque su sueldo no es comprobable.