Los integrantes del Congreso del Estado se niegan a "matar"  la  Ley de Derechos Humanos que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, mejor conocida como "Ley Bala", pues en lugar de buscar abrogarla, tomaron la determinación de enviarla a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con la intención de ser evaluada y fortalecida.

A nueve meses de que el gobernador Rafael Moreno Valle solicitara la abrogación de dicho reglamento por los resultados de su aplicación en el desalojo de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, los integrantes de la actual Legislatura sacaron de nueva cuenta el tema y en lugar de trabajar para atender la petición del mandatario poblano decidieron pedir la opinión de los diputados federales.

Este día, durante los Asuntos Generales de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, se leyó el punto de acuerdo emitido por la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el que se solicita la revisión de la legislación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Dicha petición, explicó el coordinador de la Junta de Gobierno, Carlos Martínez Amador, se da para conocer la opinión de los legisladores federales y determinar en qué puntos se debe reforzar la Ley Bala.

Es una oportunidad para de alguna manera abrir más a todos los ámbitos que existan y que tengan una opinión respecto al tema. La opinión del Congreso de la Unión es importante y de esa manera tendremos una ley más fortalecida con todas las observaciones que pudieran existir”.

En este sentido, recordó que la Ley que regula el uso de la Fuerza Pública en la entidad sigue vigente, está validada por todas las fuerzas políticas del poder legislativo y únicamente se esperan las opiniones de los diputados federales para enriquecerla.

Además, señaló que lo que falló fue la implementación de ésta y no la parte legislativa, por lo que descartó su derogación.

No se derogó, la ley está vigente, se le va a dar las observaciones pertinentes y es una oportunidad de enriquecerla y fortalecerla (…) Creemos que está bien, la compañera Socorro cree que está bien, así lo dice el PRI (…) la ejecución es otra cosa, nosotros hablamos de la ley en sí”.

Fue el pasado 19 de mayo de 2014 cuando el Congreso del Estado aprobó la Ley de Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, con la que se autorizaba a los elementos policiacos utilizar armas de fuego letal para dispersar manifestaciones consideradas “violentas”.

Esto provocó una gran indignación entre la sociedad poblana por lo que fue modificada al uso de armas no letales. Sin embargo el pasado 9 de julio el tema llegó a un punto crítico, pues elementos de la Policía Estatal aplicaron la legislación morenovallista contra manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan que bloqueaban la autopista Puebla – Atlixco.

En dicho enfrentamiento resultó herido de muerte el menor José Luis Alberto Tlehuatle al recibir un impacto de una lata de gas en la cabeza.

Esta situación, provocó que el propio gobernador solicitara al Congreso local la abrogación de su iniciativa.