Al gobernador de Puebla le salió el tiro por la culata. El intento de Rafael Moreno Valle por delimitar las potestades y atribuciones policiacas al hacer uso de la fuerza desató la ira de activistas, indignó a las organizaciones defensoras de los derechos humanos… y dejó al mandatario como un tirano en potencia.
El escándalo se veía venir.
Desde su envío al Congreso del estado, la Ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiacas en el estado de Puebla —vaya nombrezote— comenzó a incomodar.
La reglamentación establece parámetros de acción, condiciones, modalidades y grados de aplicación de la fuerza pública, norma el empleo de armas de fuego y define protocolos para su uso. Hasta ahí todo iba bien.
… pero la liebre brincó en la fracción dedicada a las marchas y protestas. El ambiguo texto prohíbe el empleo de armas letales, sin embargo, señala también que todos los elementos policiacos serán dotados con armas de fuego.
Términos como “uso racional de la fuerza”, “la paz pública” y “la violencia en manifestaciones” se revuelven y confunden; abren la puerta al empleo discrecional del armamento… y generan cualquier cantidad de interpretaciones.
Defensores de la “ley bala” —como Víctor Manuel Giorgana y Francisco Rodríguez Álvarez— defienden su trabajo. Según ellos queda garantizada la protección de los derechos humanos y se establecen límites a la aplicación de la fuerza sólo en caso de manifestaciones violentas.
—¿Cómo se determina el grado de violencia de una manifestación, y cuándo se debe recurrir al control por la vía de la fuerza?
Esto es sólo una primera pregunta. Además debe cuestionarse la capacidad de las policías poblanas para discernir su actuación contundente entre las situaciones críticas y la existencia de procedimientos claros para evitar la brutalidad.
Si con uniformados desarmados suele haber abusos, imagínese usted el peligro en caso de haber armas de por medio.
Es un asunto muy delicado… y el hilo se rompe por lo más delgado.
Calificar de violenta una movilización y no distinguir actitudes individuales de quienes delinquen al amparo de la protesta social puede terminar por criminalizar —de entrada— el reclamo de quien toma las calles.
Como era de esperarse le llovió recio al góber Moreno Valle.
Los reclamos, y sobre todo la amenaza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de revisar la constitucionalidad de la ley obligaron al gobernador poblano a recular. Urgido de aclaraciones, Moreno Valle lanzó un comunicado para anunciar que el texto publicado en el Diario Oficial del estado prohíbe terminantemente el uso de armas en el control de manifestaciones y protestas.
Por tapar el hoyo, el mandamás poblano abrió otro… ahora sus críticos lo acusan de manipular la ley aprobada sin la intervención del Congreso. El gobernador habría jugado de gran legislador al cambiar en lo oscurito de su oficina lo aprobado por los diputados poblanos.
Ni modo. A Rafael Moreno Valle le falló la puntería y en vez de bala disparó un boomerang… y ya sabe usted lo que sucede cuando se escupe pa’rriba.
Punto y aparte: no es lo mismo el subcomandante Marcos que 20 años después. ¿El payaso cambia de maquillaje porque en vez de hacer reír, hacía llorar?