Una autopista bloqueada. Un violento enfrentamiento entre policías y manifestantes. Heridos en los dos bandos. Un niño mortalmente lesionado. Guerra mediática de imputaciones sobre la causa de la lesión. Dilación injustificada en la entrega del cuerpo a la madre del menor. Información segmentada y contradictoria. Cuatro detenidos presuntamente responsables de actos delictivos. Desvanecimiento de pruebas y liberación de los cuatro acusados. Un herradero judicial y mediático. Una trama confusa en la que, por lo visto, el único interés de los actores involucrados es no pagar los costos de la trágica y prematura muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Es una historia lamentable desde todos los puntos de vista, respecto a la cual no habría más que esperar a contar con elementos objetivos y sustentados para saber con certeza lo que pasó. Lo cierto, hasta ahora, es que el Congreso de Puebla aprobó una polémica ley en mayo pasado, la llamada Ley Bala, que permite a la fuerza pública usar balas de goma contra bloqueos y manifestaciones; que un niño de 13 años murió como consecuencia de la confrontación entre los manifestantes que bloquearon la autopista Puebla-Atlixco y los policías estatales enviados para desalojarlos; y que el gobierno del estado ha tenido una actuación errática y opaca.
La intervención de la CNDH para investigar posibles violaciones graves de derechos humanos por parte del gobierno poblano parecía, en principio, la mejor vía para despejar dudas e informar con objetividad e imparcialidad sobre lo sucedido. No obstante, una serie de notas periodísticas generan serias dudas sobre las posibilidades de una investigación imparcial.
La semana pasada, cuando el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, visitó el lugar de los hechos, fue cuestionado sobre una supuesta relación cercana con el gobernador Rafael Moreno Valle. Su rechazo fue categórico: “No tengo ninguna cercanía con este gobernador ni con nadie, hemos tenido una relación institucional exclusivamente. Yo no tengo ningún compromiso”. No habría razón para no creerle, si bien en otros casos ha sido objeto de serios cuestionamientos por sesgos y omisiones en su actuación. Pero en este caso hay información que, por lo menos, hace dudar de la veracidad de sus afirmaciones: el recién nombrado —después de la muerte del menor— jefe de la Oficina del gobernador de Puebla, Pablo Piña Kurczyn, ha colaborado alternadamente con Moreno Valle y Plascencia en diversos cargos de alto nivel y evidente cercanía con ambos, yendo y viniendo de un lado al otro. Su último cargo en la CNDH fue como sexto visitador y ahora forma parte del equipo que apoyará al gobernador ante la investigación del organismo donde trabajaba. La conexión Puebla-CNDH, así, no parece una invención.