La primera vez que Facundo Rosas Rosas compareció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue por el operativo que, como Comisionado General de la Policía Federal (PF), ordenó para romper una manifestación de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Ese 12 de diciembre de 2011 murieron dos normalistas y el empleado de una gasolinera.
El 18 de enero de 2012, Rosas Rosas compareció ante el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, por espacio de 35 minutos para que informara los detalles de su operativo y sobre la violencia con que actuó el personal a su cargo. El policía originario de Puebla no respondió. Se reservó su derecho a declarar y prometió hacerlo por escrito.
Al concluir aquella investigación, la CNDH consideró que la PF incurrió en violaciones a los derechos humanos en el fallido desalojo de normalistas en la Autopista del Sol. Los federales, expuso el organismo, portaban armas largas sin justificación alguna, y uno de estos elementos lanzó una granada de gas lacrimógeno hacia los estudiantes, lo que inició los disturbios. Además, la Comisión acreditó violaciones a los derechos a la vida, seguridad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, libertad personal y de reunión, trato digno, verdad e información.
Pero, al final, no pasó nada. Incluso, meses después, la propia CNDH lo exoneró.
Antes de esa exoneración, el 10 de febrero de 2012, el gobierno de Felipe Calderón lo relevó del cargo de Comisionado de la PF y, en un movimiento que causó el rechazo de la ciudadanía por lo que se consideró una “burla”, lo situó en la Subsecretaría de Prevención y Vinculación de Derechos Humanos de la propia SSP.
Esta acción no fue un hecho menor, sino que confirmó la vocación del gobierno de Calderón para desoír los reclamos ciudadanos y simplemente desdeñarlos. Sin embargo, ese mismo accionar de oídos sordos es el que, dos años después, muestra el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien actúa repitiendo la fórmula del ex Presidente panista.
El 1 de abril de 2013, Moreno Valle nombró, no sin levantar polémica entre la ciudadanía y grupos defensores de los derechos humanos, a su paisano Rosas Rosas como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) poblana.
Ahora, tras el violento operativo que Facundo Rosas ordenó el pasado 9 de julio para desalojar a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan de la vía Atlixcáyotl, y en el cual resultó muerto un menor de 13 años, además de nueve civiles heridos de gravedad, el Gobernador insiste en defender al jefe policiaco.
La petición de los pobladores de Chalchihuapan era muy sencilla: que el gobierno estatal regresara las oficinas del Registro Civil a cada una de las comunidades, pues ahora están en control de los municipios y los pobladores no tienen los recursos ni las condiciones para salir de sus comunidades.
A falta de capacidad de diálogo y voluntad político, Moreno Valle y su jefe de la SSP local respondieron, según las pruebas entregadas a la CNDH –muchas de éstas difundidas ampliamente en las redes sociales–, con un operativo que incluyó a decenas de elementos policiacos que utilizaron balas de goma, bombas de humo y gases lacrimógenos contra los inconformes.
Ayer, por segunda vez en dos años y medio, Rosas Rosas compareció ante la CNDH y, como hizo en 2012, entregó información incompleta sobre el operativo y prometió al ombudsman Raúl Plascencia Villanueva entregar, antes de tres días, todos los detalles por escrito.
De acuerdo con Plascencia Villanueva, la CNDH está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar si hubo violaciones a los derechos humanos en el operativo del 9 de julio. De ser así, dijo, se pedirán juicios penales y políticos contra Moreno Valle, el propio Facundo Rosas y todos los funcionarios involucrados.
La promesa del ombudsman ha quedado registrada. Lo mismo, o algo muy similar, dijo en el caso de Ayotzinapa y, como sabemos, terminó deslindando al policía poblano de cualquier responsabilidad.
Dos momentos, dos gobiernos distintos y un mismo jefe policiaco recuerdan que en México las autoridades están dispuestas a todo para defender sus cotos de poder, incluso a costa de la vida de inocentes y muy por encima de la ciudadanía. No escuchar, no dialogar y responder con el garrote evidencia autoritarismo, pero también una total incapacidad política.