Durante prácticamente todo el mandato del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, el estado camotero ha atravesado por una racha de inseguridad y abusos contra los derechos humanos. En materia de seguridad pública; así lo señalan indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática (Inegi) y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En lo que va del sexenio no solo se han disparado las cifras de homicidios dolosos, que en el último año creció 70 por ciento, sino que además el robo de combustible, un delito ligado al crimen organizado, que creció exponencialmente desde finales de 2010 a la fecha, ha involucrado a altos mandos policiales y provocó o sumó razones a la salida de Rosas Rosas.
En agosto pasado el número de personas asesinadas con las agravantes de ley llegó a 57 casos, la cifra más alta para un mes desde enero de 2014, fecha en la que el Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a llevar ese recuento –el organismo federal registra desde 1997 el número de averiguaciones previas por homicidio, pero ese dato no revela el número de víctimas que involucra cada caso.
En total, entre enero y agosto de este año han sido asesinadas 358 personas de manera intencional y con las agravantes de ley, es decir, no son homicidios producto de un accidente o descuido, sino que hubo dolo, esto significa 10 personas por semana.
En el mismo periodo de 2014 la cifra de homicidios dolosos fue de 210 personas, esto es seis personas por semana. Esto representa un incremento de 70.5 por ciento y no se observa que la tendencia vaya a cambiar en los próximos meses.
Entre los asesinados, de acuerdo con una revisión hemerográfica en medios especializados en la nota roja, hay varios casos claros de ejecuciones con el sello del crimen organizado, como los siete cuerpos que fueron hallados envueltos en cobijas y amarrados con cinta canela en San José Acateno, en la zona limítrofe con Veracruz.
En Puebla se cometieron 2.4 delitos por minuto durante todo 2014, y la inseguridad costó a los poblanos en ese año 8 mil 314 millones de pesos, esto de acuerdo con estimaciones del Inegi.
En la edición 2015 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad (Envipe) se revela también que una de las constantes en el gobierno de Rafael Moreno Valle ha sido el incremento en el número de delitos cometidos.
De acuerdo con el organismo federal en 2010, el último año del gobierno de Mario Marín Torres se cometieron 874 mil 248 delitos, aunque solo se denunció 87.7 por ciento de estos.
Para el año siguiente, el primero del gobierno de Rafael Moreno Valle el número de delitos cometidos dio un salto y llegó a un millón 122 mil 839.
En 2012 se registró una disminución al registrarse un millón 57 mil 146 y para 2013 volvió a crecer hasta un millón 248 mil 700.
En 2014 (aunque la Envipe se publicó en este año maneja información del año precedente) la cifra se elevó a un millón 289 mil 154, es decir 414 mil más.
Esto representa un incremento de 47% por ciento al comparar los datos de 2010 con los datos de 2014. En ese lapso de tiempo el porcentaje de delitos no denunciados se ha mantenido prácticamente sin modificación, pues ha fluctuado entre 86 por ciento en su punto más bajo y 89.7 en punto más alto.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad también revela que producto del crecimiento en el número de delitos cometidos también ha crecido la percepción de inseguridad en la ciudadanía; así, en 2010, 64 por ciento de la población se sentía insegura con respecto al trabajo realizado por la fuerza policial a nivel estado, para 2014 el porcentaje aumentó a 67.4 por ciento.
Aunque fue a nivel municipal, es decir, sobre la pregunta qué tan inseguro se siente en la ciudad en la que vive en donde se registró el mayor crecimiento, al pasar de 56.6 a 60.1 por ciento en el periodo de referencia.
Con información de El Universal