El Congreso local se convirtió una vez más en comparsa del gobernador Rafael Moreno Valle y sus 41 diputados firmaron un punto de acuerdo para solicitar la Procuraduría General de la República que atraiga la investigación por la aplicación de la #LeyBala en el operativo del pasado 9 de julio para despejar la autopista Puebla-Atlixco. Esta petición fue en vano pues 6 horas antes el Ejecutivo ya había hecho esta misma solicitud al gobierno federal.

Alrededor de las 14 horas, y luego de un receso de más de 30 minutos para que los diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Compromiso por Puebla, PSI, MC, Nueva Alianza, Pvem y PT se pusieran de acuerdo sobre el posicionamiento, los 41 legisladores por fin convinieron solicitar la intervención de la PGR para deslindar responsabilidades en el operativo que dejó 70 ciudadanos y 47 policías heridos.

El primero en subir a Tribuna durante la Sesión Ordinaria fue el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Aguilar Chedraui, quien prácticamente repitió el posicionamiento leído 6 horas antes por el Secretario General de Gobierno (SGG) y parafraseó la defensa esgrimida antes del medio día por Rafael Moreno Valle.

Aguilar Chedraui acusó, igual que el gobierno morenovallista, a los manifestantes como los responsables de haber herido al menor José Luis Tehuatlie, quien se debate entre la vida y la muerte por una lesión en la cabeza. Incluso, el diputado local mostró en Tribuna las mismas fotos de los policías lesionados que mostró en la mañana el Ejecutivo.

El diputado fue secundado por un diputado representante de cada partido político. Ninguno, ni siquiera el coordinador de la bancada del PRI, Víctor Giorgana defendió a los manifestantes, quienes fueron gravemente heridos por los proyectiles lanzados a quema ropa por los granaderos.

Giorgana optó por ocupar su participación en Tribuna para defender a su líder partidista, Pablo Fernández, quien minutos antes había sido señalado por el PAN como uno de los responsables de la manifestación.

El coordinador de los diputados del PRD, Carlos Martínez, subió sólo para pedir no adelantar juicios y esperar los resultados de la investigación de la PGR.

Y Germán García, el representante del PSI, apoyó la idea del gobierno del estado de que durante la manifestación los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan usaron niños como escudos.

Más de 30 minutos usaron los legisladores para exponer su indignación sobre el caso, presentar sus posturas y presumir el exhorto a la PGR y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al final la petición fue aprobada por unanimidad pero resultó inútil, pues el propio gobernador Rafael Moreno Valle solicitó desde hoy a las 8 horas que la PGR atrajera la investigación; además los legisladores no se enteraron que desde el 10 de julio la CNDH se encuentra investigando los hechos.

El 9 de julio la SSP dispersó a los manifestantes de San Bernardino Chachihuapan, que tenían bloqueada la autopista Puebla-Atlixco, utilizando la #LeyBala, que permite a los granaderos disparar balas de goma y gases lacrimógenos contra los inconformes.

En el operativo resultaron lesionados 70 pobladores y 47 policías estatales.

La diputada federal del PRD, Roxana Luna ha documentado al menos 4 casos: el niño de 13 años de edad José Luis Tehuatlie Tamayo quien se debate entre la vida y la muerte luego de que los granaderos le dispararon una bala de goma en la cabeza; Filemón Precio Grande herido con éstas en el abdomen; Martín Xelhua quien fue impactado al lado izquierdo del rostro a la altura de su quijada; y Hugo Jiménez quien perdió un ojo tras haber sido impactado por una de las balas de goma.