Sunday, 19 de May de 2024
Lunes, 28 Julio 2014 20:32

Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos encubren a Moreno Valle en caso Chalchihuapan: Cortés Rivadeneyra

El empresario poblano promoverá directamente un juicio político contra el gobernador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos  por la muerte de José Luis Tehuatlie
Por : Edmundo Velázquez / @mundovelazquez , Puebla, Puebla
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Raúl Plascencia Villanueva, así como la Comisión Estatal, dirigida por Adolfo López Badillo encubren al gobernador Rafael Moreno Valle por la aplicación de la #LeyBala durante el operativo del pasado 9 de julio contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, denunció el empresario poblano Eduardo Cortés Rivadeneyra.
 
Como lo adelantó CENTRAL, Cortés Rivadeneyra acudirá directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C., para entregar la solicitud de juicio político en contra del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle por la muerte del niño José Luis Tehuatlie en el operativo que su gobierno llevó a cabo el pasado 9 de julio.
 
En entrevista para el programa Antena Radio del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), espacio conducido por la periodista Nora Patricia Jara, el empresario y activista comentó que por solidaridad con el niño José Luis Tehuatlie y su familia ha dado seguimiento al caso e inició el acopio de firmas en la página de internet www.change.org para solicitar que el gobernador Moreno Valle sea sometido a juicio político por la muerte del menor. La solicitud, según indicó Cortés ya acumula más de 8 mil 500 firmas en la página web.
 
Cortés insistió que las Comisiones de Derechos Humanos, tanto estatal como nacional seguramente serán complacientes con el gobierno del estado. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla criticó que el ombudsman local, Adolfo López Badillo ha tenido un pobre desempeño en el tema.
 
Durante la entrevista Cortés evidenció que recientemente la CDH en Puebla envió un comunicado para corregir la recomendación 60/2011, donde originalmente admitió que la Secretaría de Seguridad Pública —en ese entonces al mando de Ardelio Vargas Fosado— usó balas de goma para el desalojo de paracaidistas en la comunidad de Ciénega Larga en Chignahuapan.
 
Según comentó el activista vía telefónica al IMER, este tipo de hechos hacen dudar a los ciudadanos de sus políticos.
Además recordó que Juan Pablo Piña es ex titular de la Primera Visitaduría en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quien fungió también como funcionario de la administración Morenovallista. Según Cortés, a través de Piña se ha cabildeado que Raúl Plascencia, ombudsman nacional exonere a Rafael Moreno Valle.
 
Nosotros lo que queremos pedir es que la Corte Interamericana intervenga en la investigación porque cuando fue publicada la Ley Bala, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia declaró aquí en Puebla que era una ley ejemplar que esperaba que se aprobara en todos los estados. La convalidó. Hay una relación con el ex colaborador del gobernador, Juan Pablo Piña. Hay un conflicto de interés. Por eso estamos pidiendo que la Comisión Interamericana. Por supuesto que no confiamos en las autoridades”, comentó Cortés durante la entrevista.
 
El activista reconoció que deben agotarse todas las instancias locales y nacionales para llevar ante la Corte Interamericana las firmas que ha recabado vía online, sin embargo dijo que no esperará con los brazos cruzados.
 
Esperaremos, pero no cruzados de brazos. Vamos a seguir recabado esta petición y la levaremos a Washington ante la Corte Interamericana. No solamente fue este niño herido. Hay fotos y videos de gente que tienen orificios exactamente iguales a este niño. Un señor tiene un hoyo en el maxilar. Hay un niño al que le volaron dos dedos. Son agujeros similares en una misma marcha. Hemos recabado más de 8 mil firmas, son suficientes para llevarlas  a Manuel Álvarez Icaza en Washington para que intervenga. Ya si ellos determinan que van a esperar, esperaremos, pero nosotros tenemos la obligación moral de llevarlo”, finalizó Cortés Rivadeneyra.
 
En enero de 2013, Eduardo Cortés logró recopilar 31 mil firmas contra el expresidente Felipe Calderón, para exigir que la Universidad de Harvard eliminara su contrato como investigador del programa Angelopolus de líderes públicos globales.