La organización Antorcha Campesina admitió que invadió la zona residencial de El Refugio, valuada en 49 millones de pesos, y enlistaron una serie de justificaciones sin pruebas para intentar avalar el delito. A través de una carta publicada en su página oficial, el vocero de Antorcha en Puebla, Aquiles Montaño Brito, incluso reprochó la baja calidad de las 92 casas de las que la organización se apropió ilegalmente, aunque evitó hacer mención de los 76 lotes que también tomaron por asalto.
En el documento, el vocero además rechaza la cercanía del Movimiento con el gobierno de Rafael Moreno Valle, y aseguran que alguna vez marcharon en contra del gobierno estatal y que sus columnistas han criticado el cruento desalojo de Chalchihuapan, en el que resultó lesionado de muerte el niño José Luis Tlehuatlie.
El 12 de octubre, CENTRAL publicó que Antorcha Campesina invadió desde 2010 la zona residencial de El Refugio, propiedad del Banco Inmobiliario Mexicano, y que desde entonces el juez ha emitido seis órdenes de desalojo que el gobierno de Rafael Moreno Valle se ha negado a cumplir.
Ante esto, en la misiva publicada este domingo, Aquiles Montaño confiesa que los predios sí fueron invadidos, pero que la invasión la realizaron personas supuestamente defraudadas por el Banco propietario:
Antorcha no invadió (toda esa historia de las banderas y agresiones contra los guardias es un invento completo, producto de una mente pródiga en fantasías), sino que varios defraudados por el Banco que ahora nos acusa de ‘invasores de residencias’, decidieron tomar por la vía del hecho lo que ya les correspondía por derecho”.
A pesar de que asegura que las casas les pertenecen, en un segundo punto, el vocero dice que sí quieren pagar por las casas que invadieron ilegalmente, pero que “un precio justo”, pues hasta reprochan que son viviendas demasiado pequeñas:
Las “residencias” (se ve que jamás se han asomado por ahí) no son tales ni valen “500 mil pesos”, sino que son verdaderas casuchas, de esas que llaman “palomares” (…) Que peritos libres de parcialidad con ambas partes han valuado las casas en mucho menos dinero del que piden los abusivos empresarios (…) Que los actuales ocupantes de las casas no se niegan a pagar, y han dicho que están dispuestos a hacerlo, siempre y cuando sea un precio justo producto de una evaluación imparcial”.
A pesar de esta serie de justificaciones, en la misiva publicada por Antorcha Campesina no se incluyen ni las escrituras que acrediten la supuesta propiedad de las casas, ni algún documento que pruebe que los antorchistas fueron “defraudados”.
Desde que CENTRAL publicó el reportaje sobre la invasión furtiva cometida por los antorchistas, académicos, empresarios y políticos han solicitado al gobierno de Rafael Moreno Valle intervenir el predio tomado ilegalmente y regresarlo a sus dueños, pues acusan que de lo contrario se promueve el delito y se ponen en riesgo las inversiones en la entidad.