A través de un desplegado publicado en diversos medios locales y nacionales, integrantes de organizaciones sociales, activistas y campesinos exigieron al gobierno de Rafael Moreno Valle una indemnización para Elia Tamayo por la muerte de su hijo José Luis Tehautlie, de 13 años, quien fue herido por un proyectil lanzado por los granaderos durante el desalojo de vecinos de Chalchihuapan el pasado 9 de julio.
En el documento, miembros de organizaciones como la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos, el Movimiento Nacional Los de Abajo, el Frente de Usuarios y Mototaxistas del Estado de Puebla, la Asociación Expropiación de Cholula y el Frente Campesino exigieron la libertad de los 35 presos políticos que ha cobrado la administración de Rafael Moreno Valle en Puebla además de que exigieron el alto a la criminalización de los movimientos sociales.
Los activistas piden además garantías de objetividad e imparcialidad en las investigaciones para "hacer justicia" al menor y a los ciudadanos Vicente Tecalero Jiménez, Martín Romero Montes, Hugo Jiménez, Filemón Pacio Grande, mutilados por los proyectiles de gas disparados por la Policía Estatal el día del operativo.
Además sostienen que es urgente que se resuelva conforme a derecho en los casos de los cuatro detenidos durante el operativo Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras, quienes actualmente se encuentran presos en el penal de San Pedro Cholula y cuyos procesos se mantienen en las manos del juez Alejandro León Flores.
Entre las peticiones de los activistas se exige que organizaciones defensoras de los derechos humanos y organismos civiles como Inproedh y Serapaz, participen como garantes de la objetividad e imparcialidad de las investigaciones ya que desconfían en la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla.
Sin embargo, en el desplegado los activistas aceptan a la Secretaría de Gobernación federal como buen interlocutor para el establecimiento de una mesa de diálogo con el gobierno estatal y así solucionar finalmente las demandas de las Juntas Auxiliares.
Finalmente los luchadores sociales proponen que el Congreso local legisle para crear la "ley de participación ciudadana" que brinde una solución democrática a los problemas generados por iniciativas Morenovallistas que han complicado la vida de los ciudadanos poblanos y pasan por encima de sus derechos humanos, como ha sido el caso de la Ley bala, la de expropiación exprés, la privatización del agua, la el retira las concesiones de los verificentros, la que crea el sistema ruta, la orgánica municipal que retiró los registros civiles de juntas auxiliares, y la que criminaliza y prohíbe el uso de los mototaxis.
La molestia de los diversos movimientos sociales ha ido en incremento desde abril del 2014 mes en que se dio la detención de activistas como Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Espinoza; esto, sumado a los constantes operativos para el decomiso de mototaxis y recientemente las quejas de 150 ediles auxiliares por el retiro de los registros civiles que precisamente provocaron la manifestación de habitantes de Chalchihuapan del 9 de julio pasado que bloquearon la autopista Puebla-Atlixco y en donde fueron heridos 70 vecinos, 47 agentes de la policía estatal. En el enfrentamiento resultó lesionado el niño José Luis Tehuatlie a quién se le determinó la muerte cerebral el 18 de julio en el Hospital General del Sur.
Desplegado Chalchihuapan by Periódico Central