Ya son 15 días desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que fue un proyectil lanzado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal el que mató al niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, por lo que recomendó al Gobierno de Puebla iniciar un procedimiento de responsabilidad y una denuncia de hechos en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad en contra del titular de la SSP, Facundo Rosas Rosas, y crear una Fiscalía Especial para investigar las agresiones de las que fueron objeto los habitantes del municipio de Ocoyucan, el pasado 9 de julio.

Han pasado ya 15 días y el gobierno de Rafael Moreno  instruyó al mandatario estatal para ofrecer una disculpa institucional por parte de los servidores públicos que participaron en el operativo y se den garantías de no repetición de los hechos.

Nada de esto ha sucedido, salvo la creación de la Fiscalía Especial que, encima y para abonar en la desconfianza, quedó en manos de José Antonio Pérez Bravo, un abogado que fue parte del equipo que “investigó” el asesinato de la activista Digna Ochoa y Plácido en 2001.

Fue parte del equipo auxiliar y está acusado por omisiones y de interferir en el proceso”, confirmó a SinEmbargo el activista Alejandro Cerezo, integrante del Comité Cerezo, quien constató que el Fiscal Pérez Bravo es el mismo que apoyó la conclusión de que Digna Ochoa se había suicidado.

El Gobernador Moreno Valle ha sido incapaz de disculparse no sólo ante la sociedad poblana, sino incluso ante la madre del menor asesinado por su policía, Elia Tamayo.

En cambio, al siguiente día de la acción represora de sus policías, difundió en los medios que le son afines una versión falsa de los hechos, inculpando a los pobladores que reclaman como derecho la reinstalación de registros civiles en sus juntas auxiliares, por la violencia detonada en el desalojo de la carretera Puebla-Ajusco.

El miércoles, con toda soberbia y pasándose por el arco del triunfo las recomendaciones de la CNDH, el Gobernador poblano afirmó que no tiene que ofrecer disculpas a nadie por los hechos del 9 de julio.

“En las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a mí no se me menciona; no es un asunto donde se haya hecho recomendación alguna al Ejecutivo, entonces lo que evidentemente hemos aceptado es darle seguimiento y es lo que se está haciendo a través del jefe de mi oficina [Juan Pablo Piña Kurzcyn]”, dijo el mandatario panista en declaraciones a medios locales.

Una vez más, Moreno Valle Rosas miente y, además, le huye a su responsabilidad.

La recomendación número 2VG/2014, emitida por la CNDH el pasado 11 de septiembre, dice: “Señor Gobernador constitucional del estado de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos declara la existencia de violaciones graves a los derechos humanos en agravio de las víctimas señaladas en este pronunciamiento, por lo que se permite formular a usted las siguientes recomendaciones”.

La soberbia del Gobernador, quien en algún momento soñó con ser Presidente de la República, es bien conocida en Puebla. La prensa local y que es crítica con la administración morenovallista ha dado cuenta de sus desplantes y de sus posturas de autosuficiencia, aderezadas con millones y millones de pesos gastados en los medios para detonar su imagen.

Nada de eso, ni el gasto excesivo del dinero de todos los poblanos para ensalzar su figura, le han servido.

Ahora, al negarse a ofrecer una disculpa a la madre y a la familia de José Luis Alberto, a los heridos y a los pobladores de Chalchihuapan, y a todos los ciudadanos del estado, se muestra de cuerpo entero.

Disculparse es de sabios… pero más aún de valientes. Los antónimos para estos adjetivos, Usted ya los conoce.