La violencia que se vive en México no sólo ha afectado a jóvenes, niños, mujeres y empresarios, también ha llegado a tocar a la clase política de todos los partidos. En el municipio de Guadalupe, Chihuahua, el dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gerardo Gámez Hinojosa, huyó de ese poblado luego de ser extorsionado y amenazado y se encuentra en El Paso en busca de asilo político.
Gámez Hinojosa, líder del partido que milita el Presidente Enrique Peña Nieto y seis integrantes de su familia están en el Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de El Paso, dio a conocer el abogado Carlos Spector.
Dijo que ahí esperan ser entrevistados para determinar si su situación cumple con los requisitos de “miedo creíble”. Un miedo creíble de persecución requiere que aquéllos en busca de asilo político demuestren ante un juez de Inmigración que han sido víctimas de persecución o que tienen la certeza de que si regresan a su país de origen serán perseguidos.
De acuerdo con el abogado Carlos Spector, la familia de Gerardo Gámez Hinojos fue víctima de robo en varias ocasiones por el líder de un grupo del crimen organizado.
“Él es del grupo de Sinaloa, vive ahí en el pueblo, todos saben quién es y las autoridades no hacen nada. Tendrá unos 40 años, desde acá lo vamos a demandar”, indicó Spector.
Señaló que la familia tiene una tienda de abarrotes desde hace 27 años, pero perdió mucho dinero por los constantes robos. El pasado 3 de octubre la esposa de Gámez fue amenazada de muerte. Ese día Hinojosa dejó de regir como presidente del Comité municipal del PRI.
La mujer está embarazada y le pusieron una pistola en la cabeza para advertirle que deberían acceder a las pretensiones del grupo, si no los matarían. Esa situación los obligó a huir de inmediato, dijo Spector.
Advirtió que el líder del grupo del crimen organizado comete desde 2011 extorsiones, asaltos, homicidios, violaciones y ninguna autoridad hace nada. Por su parte, el presidente de Mexicanos en Exilio, Alfredo Holguín –quien huyó de Ciudad Juárez y se encuentra exiliado con 15 integrantes de su familia desde 2009–, dijo que el caso de los Gámez es uno más de la comunidad de Guadalupe, Distrito Bravos, en el que una familia sufre embates del crimen organizado.
La institución proporciona defensa legal a ciudadanos mexicanos que buscan asilo político en los Estados Unidos por razones de violencia o abusos cometidos por el crimen organizado, agentes policiacos, u otros funcionarios públicos. Dio a conocer que hasta ahora son más de 200 personas de unas 30 familias quienes integran Mexicanos en Exilio y más del 80 por ciento son del Valle de Juárez, principalmente de Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Reforma y Porfirio Parra. Otras familias son de Villa Ahumada, Buenaventura y Ciudad Juárez.
“Nosotros salimos huyendo en 2009, somos 15 personas entre hermanos, hijos, mi esposa, nietos, mi mamá. A mí me mataron a un hijo de 23 años, luego de extorsionarnos vinieron las amenazas hasta que las fueron cumpliendo”, detalló Holguín.
El grupo de Mexicanos en Exilio se reunió ayer en la oficina de Spector para apoyar la familia Gámez y exigir justicia. Al respecto, el presidente del PRI estatal, Alejandro Domínguez Domínguez, dio a conocer que desconoce la situación, pero considera que en Chihuahua y en el país existen las instancias indicadas para atender la situación y proteger su integridad, al mismo tiempo deslindó al partido de ese hecho.
El estado de Chihuahua, gobernado por el priista, César Duarte Jáquez, es el tercer estado más violento de México con 2 mil 005 ejecuciones. OTROS CASOS DE EXILIO En marzo de 2011, la directora de Seguridad Pública del municipio de Praxedis G. Guerrero, Marisol Valles, de 20 años, tuvo que dejar su país porque recibió amenazas del crimen organizado.
En el 2012 y de manera paulatina, unos 40 integrantes de la familia Reyes Salazar ahora viven en Texas luego de que les mataron a siete miembros, les quemaron propiedades en Guadalupe y amenazaron a quienes quedaban vivos. Ahora temen por unas 20 propiedades que dejaron abandonadas para salvar su vida, mientras que Marisela Reyes Salazar, una de las hermanas exiliadas, asegura que las autoridades no han cumplido la recomendación 83/2013 de la CNDH emitida el 24 de diciembre pasado, que evidencia que todos los crímenes quedaron impunes y el gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad del resto de la familia y tuvo que huir.
En el mismo caso se encuentran la familia de Romelia Hernández Lara, con 25 integrantes huyeron del Valle de Juárez para protegerse del crimen organizado. La familia Corral de Guadalupe que huyó el 20 de enero de 2012; la familia de Rosa María Salazar que se exilió el 29 de diciembre de 2010; la familia de Angélica Perea Villezcas – esposa de Martín Granmoreles, quien fue regidor en el Valle de Juárez–, quien también huyó en el 2012 con su familia. También la familia Parras, que huyó con 20 integrantes de Villa Ahumada en junio de 2012.