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Martes, 21 Abril 2015 08:21

El de los 43 es un acto de “lesa humanidad”, determina grupo de expertos de la CIDH

El grupo compuesto por cinco expertos omitió en esta ocasión dar cuenta en el resumen del informe escrito que presentaron a los medios de comunicación, sobre qué sucedió con la solicitud que hizo el mes pasado a los jueces mexicanos para reclasificar el caso como un delito de desaparición forzada

Por : Sin Embargo

En el informe de actividades de hace un mes, el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado enérgico a las autoridades mexicanas a reclasificar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como desaparición forzada, ayer en su segundo informe, no se hizo hincapié en ese punto, a pesar de que reconocieron están ante un caso de lesa humanidad.

El grupo compuesto por cinco expertos omitió en esta ocasión dar cuenta en el resumen del informe escrito que presentaron a los medios de comunicación, sobre qué sucedió con la solicitud que hizo el mes pasado a los jueces mexicanos para reclasificar el caso como un delito de desaparición forzada.

Respetando la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, con base a los estándares internacionales y en la doctrina del control de constitucionalidad respaldada por la Suprema Corte de Justicia, exhortamos a los jueces a que la investigación de los hechos de Ayotzinapa sea realizada bajo la modalidad de desaparición forzada”, pidieron hace un mes.

Pero en el segundo informe, simplemente el avance sobre esa solicitud se omitió y sobre el tema, sólo se incluyeron acciones en torno a la aprobación de una reforma constitucional sobre la desaparición de personas en México.

Fue hasta la sesión de preguntas y respuestas, cuando se les preguntó su opinión sobre la negativa del Estado mexicano a reclasificar el caso, a pesar de las recomendaciones realizadas el 19 de marzo pasado, cuando hablaron del punto.

Eso de que es todo el Estado mexicano no lo comparto. La PGR [Procuraduría General de la República] solicitó la calificación de desaparición forzada y un juez de Tamaulipas la rechazó. Nosotros reiteramos que estamos ante un caso de 43 desapariciones forzadas”, contestó Francisco Cox, uno de los cinco expertos que analizan el expediente y las pesquisas alrededor del caso de Iguala, Guerrero.

Sin embargo, las autoridades mexicanas sí han negado reclasificar el caso. El 22 de marzo el diario La Jornada publicó que la PGR, a cargo de la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez González, descartó en respuesta a una solicitud de información, que el crimen pueda ser tipificado de esa forma, debido a que los hechos “por más aberrantes que resulten”, no pueden ser delitos de lesa humanidad, publicó el rotativo.

El diario indicó que la PGR expuso que en la desaparición de los normalistas no “se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”.

Tres días antes, los expertos consideraron que estaban ante un delito de lesa humanidad. La ex Fiscal colombiana Ángela Buitrago, quien no participó ayer en la conferencia de prensa, dijo: “Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada”.

Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, desaparecido en Iguala y vocero de los familiares, dijo en entrevista con SinEmbargo que la exigencia de la reclasificación del caso de los jóvenes como un crimen de lesa humanidad, es prioridad para los papás.

Sigue siendo una de las principales exigencias lo de la desaparición forzada, esto no nos queda duda. Además de nuestras demandas de la presentación con vida de los estudiantes, el esclarecimiento de los hechos y que se habrán nuevas líneas de investigación”, dijo.

La llegada a México del Grupo Interdisciplinario generó grandes expectativas en los padres de los 43 normalistas y en las organizaciones de derechos humanos mexicanas que han seguido el caso.

El víspera de su llegada el 1 de marzo de este año, Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo que los cinco expertos podrían cambiar la “verdad histórica” del gobierno federal en torno a los normalistas: que fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas echadas al Río San Juan.

La PGR anunció su ‘verdad histórica’ y mostró su pretensión por cerrar y dar por esclarecido el caso. Pero la investigación se mantiene abierta de momento y, estamos a tiempo para que el grupo aporte e incida en la investigación”, dijo un par de días antes de la llegada de los expertos.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseguró que para los papás de los normalistas, la llegada de los expertos significó la esperanza de por fin encontrar una respuesta que pudieran creer.

Ayer Rafael López Catarino, padre de uno de los jóvenes, narró que hace un mes conversó con miembros del Grupo Interdisciplinario.

Hace un mes que los vi, dijeron que se iban a ir y que regresarían hasta mayo. La verdad yo no sé cómo estén trabajando. Yo la verdad ya no creo en los abogados, licenciados, ni en nadie. Cada quien trae sus intereses. Yo mejor ya me vine a mi pueblo a sembrar mis tierras, aquí voy a esperar a mi hijo”, dijo.

López Catarino se dijo decepcionado y cansado, pues a la fecha no hay resultados que lo lleven a la verdad y al paradero de su hijo desaparecido en Iguala.

RECOMENDACIONES DEL SEGUNDO INFORME

El grupo de expertos añadió en su segundo informe que recomendó a las PGR abrir nuevas líneas de investigación y realizar búsquedas en dos nuevos sitios, con tecnología láser para identificar las perturbaciones en los lugares cercanos a los parajes La Parota, Pueblo Viejo y sus alrededores.

El grupo solicitó abrir nuevas líneas de investigación, ampliar las ya existentes, tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales de video” dijo Carlos Beristain.

Aunque los expertos omitieron dar detalles sobre las líneas de investigación, argumentando que podría afectar al proceso de investigación; Melitón Ortega dijo que los padres de los normalistas insisten en que se investigue la participación de las fuerzas castrenses en los hechos de Iguala.

Está el asunto de los militares y otra línea: queremos que se investigue al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero, porque él tiene responsabilidades”, indicó Ortega.

Los expertos propusieron a las autoridades mexicanas realizar nuevas búsquedas con la participación de los padres, utilizar los recursos técnicos apropiados y contar con personal calificado; asegurar los lugares hasta tener las garantías legales para su allanamiento y brindar información a los padres de los jóvenes.

En cuanto a las fotografías satelitales que el grupo solicitó el mes pasado, indicó que requiere imágenes de mejor calidad.

En el informe se aclara que la PGR entregó un mapa de fosas, por lo que el grupo de expertos solicitó a la PGR un análisis para evaluar la relación de algunas fosas donde se sospecha hubo intervención de agentes de la policía municipal, con un patrón similar al de los hechos del 26 de septiembre.

El grupo informó además que realizaron 16 entrevistas con detenidos por el caso en el penal de alta seguridad de Nayarit, sin detallar las conclusiones sobre esas visitas.

También que realizaron una visita a Iguala donde realizaron una reconstrucción de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre, con la ayuda de normalistas sobrevivientes.

Dicha reconstrucción fue muy importante para tener una referencia concreta sobre los hechos, modus operandi y los escenarios en que se dieron”, dice el informe de prensa.

En cuanto a las víctimas, Carlos Beristain indicó que identificaron formas de victimización secundaria y coacción hacia los familiares, que obedecen a intereses personas y hasta políticos.

Los expertos indicaron que a la fecha se analizó 30 por ciento del expediente, pero que aún no cuentan con evidencias para conocer con exactitud lo ocurrido el 26 de septiembre del año pasado con los normalistas.

Aseguraron que la “verdad histórica” de la PGR es una probabilidad y que será hasta septiembre, tentativamente, cuando ofrezcan una opinión definitiva.

Queremos tener una versión de esa historia lo más clara posible. Sí les puedo decir que tenemos una versión mucho más clara de lo que pasó. Sí hemos avanzado en tener más datos de la primera parte de lo que pasó esa noche, aunque no tengamos las pruebas de lo que pasó después”, dijo Beristain.

Sin Embargo