A pesar de haber reconocido el empleo de la fuerza pública en al menos 10 ocasiones entre el 1 de enero y el 2 de octubre del año pasado –incluida la represión a vecinos de San Bernardino Chalchihuapan–, el gobierno estatal que encabeza Rafael Moreno Valle negó al Poder Legislativo federal información sobre los criterios que usó para aplicar los protocolos de intervención policiaca.
El 20 de agosto del año pasado la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Roxana Luna Porquillo propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo poblano información sobre los protocolos que uso para el empleo de la fuerza pública, el respeto a los derechos humanos y otras acciones relacionadas con operaciones en las que fueron reprimidos grupos sociales, como mototaxistas y los habitantes de la junta auxiliar de Ocoyucan.
La propuesta de la representante popular cholulteca fue admitida, y así la administración morenovallista contestó el 2 de octubre, solo mencionando los protocolos y afirmando que respeta las garantías universales.
Agregó que hasta esa fecha se había realizado una decena de operativos para “reestablecer la gobernabilidad” (sic) y que se adjuntaban los anexos para especificar los criterios utilizados para justificar la intervención policiaca.
Luna Porquillo requirió entonces que se le proporcionaran los anexos en los que se diera evidencia de los criterios usados para la ejecución de los protocolos enunciados por el gobierno estatal para el uso de la Policía.
Sin embargo, el pasado 22 de abril, a través del oficio número DGPL/62Legislativo/414/2015, el subdirector de Área de la Dirección General de Procesos Legislativos, José de Jesús Vargas, le informó a la legisladora cholulteca que no había anexos en la respuesta que el gobierno de Moreno Valle dio a la solicitud de la Comisión Permanente.
En pocas palabras: el gobierno de Moreno Valle se abstuvo de precisar los criterios con los que aplicó la fuerza pública en intervenciones que, para su administración, fueron para “reestablecer la gobernabilidad”, pero de las cuales hubo decenas de detenidos, heridos y hasta un muerto, como fue el caso de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, niño de apenas 13 años que resultó herido de muerte por la represión del 9 de julio a la gente de San Bernardino Chalchihuapan, por un proyectil lanzado por la Policía Estatal y quien falleció a conssecuencia de las lesiones días después.
Esta semana, la Cámara de Diputados federal emitió un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) para que investigue posibles violaciones a las garantías de activistas presos en el estado de Puebla.
Además, solicitó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que garantice el debido proceso de los mismos y que la SGG les conceda las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.