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El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta aseguró que respetará la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó el retiro de dos concesiones de mineras Gorrión en Puebla, que operaban en el municipio de Ixtacamaxtitlán.

En conferencia de prensa, dijo que los permisos que existían para la empresa canadiense, Almaden Minerals, adolecían de una consulta a las comunidades indígenas.

Dijo que hay habitantes que están a favor de la operación de las mineras y otros en contra, por ello, ahora se debe realizar una consulta por parte de la Secretaría de Economía federal.

Los permisos que existían adolecían de la consulta a las comunidades indígenas que deben realizarse y ahora se manda a realizarse la consulta para poder expedir nuevamente las concesiones, es regular el procedimiento yo lo que dije antes de que esto ocurriera es que íbamos a mantenernos respetuosos de la decisión de la corte y así vamos a quedarnos”.

Gobierno de Puebla apoyará a realizar la consulta sobre las mineras

El mandatario ofreció su apoyo para establecer una mediación entre las partes y evitar que se produzcan más conflictos sociales. Dijo que la administración estatal será coadyuvante en la realización de la consulta si así se lo solicita el gobierno federal.

Estableceremos mediación entre las partes es un asunto que signifique conflicto social, porque tanto hay comunidad indígena que está a favor de existencia de acciones mineras como hay comunidad indígena que está en contra, hay que actuar con mucho cuidado y nosotros seremos coadyuvantes en la realización de la consulta si se nos pide”.

Fue el pasado 16 de febrero cuando la SCJN analizó la sentencia propuesta por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en torno al amparo 134/2021 que interpuso el comisariado ejidal de Tecoltemi y, en específico sus representantes Nicéforo Lobato Martínez, Fidencio Romano Romano y Leoncio Lobato Martínez.

Los cinco ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte avalaron el retiro de dos concesiones mineras en Puebla, ya que no se hizo una consulta previa a los pueblos que serían afectados con estas actividades.

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