Los funcionarios públicos y personas que ostentan un cargo de elección popular tienen varios compromisos sociales, uno de ellos es rendir cuentas a los ciudadanos y dar garantías de acceso a la información, pero en muchos casos se olvidan de estas obligaciones, hasta se incomodan cuando se les cuestiona sobre su actuar.
Por esa razón, en CENTRAL nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio para evidenciar a aquellas personas que ostentan un cargo de elección popular o que trabajan en la administración pública que han bloqueado a periodistas y activistas en las redes sociales, y te decimos por qué están faltando a una de sus obligaciones.
Twitter se ha caracterizado por su facilidad para divulgar contenido de una manera más inmediata y asertiva que otras redes sociales. Sin embargo, debido a que las personas no están a favor de todas las posturas, ha sido costumbre que quienes se ven vulnerados recurran al bloqueo.
Si bien es un derecho que goza cualquier ciudadano, éste se restringe cuando se trata de figuras públicas, sujetas al erario, quienes están obligadas al escrutinio público y a mantener un diálogo con la ciudadanía.
A continuación te presentamos los casos más recientes:
El periodista Paulo Yolatl ventiló que los actuales diputados panistas del Congreso local, Aurora Sierra Rodríguez y Rafael Micalco Méndez, lo bloquearon de sus respectivas cuentas de Twitter. Anteriormente, le pasó lo mismo con el entonces legislador José Juan Espinosa Torres, quien está prófugo de la justicia por desvío de recursos.
Por su parte, José Campos, reportero de Diario Cambio, publicó en diciembre pasado que el diputado local de Morena, Iván Herrera Villagómez, también lo bloqueó por el seguimiento que hizo durante su campaña en las pasadas elecciones.
La activista Cinthya Ramírez, vocera de Redefine Puebla, comentó en un tuit que ella fue impedida para ver las publicaciones del gobierno del estado.
¿Por qué las figuras públicas no pueden bloquearte?
En marzo del 2019, la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que un funcionario público no puede impedir el acceso a la información a través de un bloqueo en sus cuentas personales.
Un ciudadano común sí puede optar por su derecho al veto. Sin embargo, un político no puede hacerlo si utiliza sus perfiles para divulgar mayoritariamente información de carácter público, quedando así expuesto al escrutinio.
Esto, al considerar que, en casos como estos, el derecho de intimidad es de menor valor en comparación a la libertad de expresión y de información.
Así lo definió el ex ministro Eduardo Medina Mora, ante un juicio promovido en 2017 por el periodista Miguel Ángel León Carmona, en contra del entonces fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, quien lo bloqueo de Twitter, afectando de esa forma al desarrollo de sus actividades informativas.
En el proyecto, el ministro argumentó que las criticas o expresiones no deben ser consideradas como comportamientos abusivos en las redes sociales, cuando vayan contra un servidor público.
“Los comentarios o expresiones, críticas severas, provocativas o chocantes que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadores, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, de ninguna manera deben ser considerados comportamientos abusivos por parte de los usuarios de la red”.
¿Qué hacer ante un bloqueo?
Los usuarios que tengan la necesidad de librar el bloqueo pueden presentar un amparo, mediante el cual recuerden a los funcionarios públicos y legisladores las obligaciones de acceso a la información a las que están sujetos, por ser figuras públicas.
El litigante Gustavo García Áreas lo publicó así en su cuenta de Twitter, ofreciendo asesoría a quienes enfrenten un caso similar al del periodista Miguel Ángel León en Veracruz.
Otra manera más sencilla de lograrlo, es solicitando el desbloqueo al jefe inmediato del funcionario, o informarle a su área de comunicación social que deben cumplir con este derecho, argumentando lo anterior expuesto.
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