México ha iniciado un nuevo asalto en la lucha contra la apropiación cultural para defender su patrimonio, después de las polémicas con marcas como Zara o Carolina Herrera. La Secretaría de Cultura ha enviado una carta a la empresa estadounidense Levi’s, famosa por sus pantalones vaqueros, donde la acusa de “comercializar y privatizar una propiedad colectiva haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado”. El organismo considera que la colección Levi’s Premium, Original Trucker Jacket contiene “elementos bordados pertenecientes a la cultura mazateca del estado de Oaxaca, sin contar con el mecanismo adecuado para obtener el permiso de dicha comunidad”, según reza el comunicado difundido este domingo.
Cultura exige en la misiva a Levi’s y al colectivo Dracco Textil, sus socios en la confección de las prendas que han resucitado la polémica, que retribuya económicamente a la comunidad mazateca, a la que considera propietaria intelectual de los diseños. La institución se respalda, además de en varias declaraciones internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, en la Ley Federal de Derechos de Autor, que establece que “el Estado mexicano otorga protección a las obras literarias, artísticas y artesanales de las culturas populares”, gracias a una reforma que se aprobó por unanimidad en abril de este año en la Cámara de Diputados. Además, señala que la multinacional debería haber pedido permiso al usar los bordados, y no “deformar la obra” original.
El 13 de noviembre, la marca de ropa anunció en un vídeo su aterrizaje en la región, además de futuras colaboraciones con creadores locales: “Llegamos a Oaxaca y queremos celebrar con el arte que lo caracteriza, Levi’s Oaxaca será sede y testigo de la riqueza cultural que alberga esta ciudad”. Sin embargo, un grupo de artesanas mazatecas, agrupadas bajo el nombre de “Las mujeres de texturas de Oaxaca”, denunció en un comunicado el pasado jueves que “esta ‘colaboración’ de Levi’s con ‘artesanos representativos’ nos parece otro ejercicio de apropiación cultural y de invisibilización de las personas y comunidades que estamos detrás de las piezas bordadas”.
“Se nombran a las empresas y a los artistas visuales detrás del proyecto y se omite el nombre de las artesanas o artesanos que realizan la labor de bordado”, continúa la denuncia. La Secretaría de Cultura recogió el testigo y se sumó a la reivindicación. Alejandra Fraustro, la titular del organismo, ha defendido en la misiva que “se trata de un principio de consideración ética que, local y globalmente, nos obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa de la discusión pública un tema impostergable: proteger los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados”.
“Le invitamos a desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades indígenas dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y apegado siempre a un comercio justo que coloque en un plano de igualdad a los creadores indígenas, empresarios y diseñadores”, proseguía la carta.
