La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) verificará que los candidatos a diputados federales cumplan con las medidas “3 de 3 contra la violencia”, y que ninguno de los contendientes haya sido condenado por violencia familiar o sexual, o sea deudor alimentario.
La revisión se realizará de forma aleatoria a una muestra de entre los 90 candidatos que compiten por alguno de los 15 distritos federales de Puebla, con ayuda de un grupo interdisciplinario que ya hizo requerimientos a diversas autoridades penitenciarias, judiciales y de procuración de justicia de todo el país, así como a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) y su similar en los estados, a dependencias de seguridad y al Consejo de la Judicatura.
Las medidas “3 de 3 contra la violencia” consisten en frenar las aspiraciones de las personas que hayan sido condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, también por cualquier agresión en el ámbito público o privado.
El segundo supuesto con el que se cancelarán candidaturas, es si los candidatos fueron sancionados por delitos sexuales o relacionados con la intimidad corporal; y por último, a quienes se compruebe que son deudores alimentarios o morosos, salvo que acredite que está al corriente de estas obligaciones.
En Puebla hay un grupo de políticos que han sido acusados por cometer violencia política u otras agresiones contra las mujeres, pero los personajes más polémicos en este tema competirán por cargos locales, por lo que el órgano estatal deberá hacer la revisión correspondiente de cara a los comicios del 6 de junio.
Como parte de la verificación, el INE podrá recibir reportes de los ciudadanos en caso que tengan alguna acusación que se encuentre en los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, en tanto, otro de los mecanismos es impugnar la candidatura.