En comisiones, los diputados del Congreso de Puebla aprobaron una reforma electoral para evitar que quienes hayan sido sancionados por violencia política de género se conviertan en candidatos a asumir el nombramiento del contralor del Instituto Electoral del Estado, y para eliminar la figura del “gran perdedor” en la elección de legisladores locales.
De último momento, los diputados de Morena, Encuentro Social y el Verde Ecologista de México aceptaron retirar del dictamen final la modificación al financiamiento público de los partidos políticos.
Los integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género aprobaron en lo general por unanimidad de votos las modificaciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.
La reforma electoral proponía una nueva fórmula para determinar el financiamiento público de los partidos políticos, la cual quedaría condicionada al número de votos válidos emitidos en la elección de diputados locales, y ya no estaría determinada por el padrón electoral.
Sin embargo, los diputados Mónica Rodríguez Della Vecchia, del PAN; Rocío García Olmedo, del PRI; y Uruviel González Vieyra, de Compromiso Por Puebla, argumentaron que se estaría violentando la Constitución Política Mexicana al modificar la fórmula para el financiamiento de los partidos políticos, lo que podría ser un acto de inconstitucionalidad.
Ante esto, los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia aceptaron retirar la modificación al artículo 47 del Código Electoral y dejar el cálculo como está actualmente. El financiamiento de los partidos políticos se determina conforme al número total de ciudadanos que integran el padrón de electores del estado.
En materia de violencia política contra mujeres en razón de género, se aprobó que aquellos que hayan sido sancionados por violencia política de género no puedan ser seleccionados como candidatos.
“Quienes cuenten con una sentencia firme condenatoria por violencia política de género contar mujeres, violencia familiar, incumplimiento de la obligación alimentaria, y violaciones a códigos que generen sanciones administrativos no podrán ser representantes de partido ante el Instituto Electoral del Estado, se les cancelará o negará el registro de precandidato y candidato a un cargo de elección popular”.
También se establece como requisito para ser candidato a un cargo, la acreditación de tomar un curso en materia de igualdad y paridad de género.
En cuanto a la operación del Instituto Electoral del Estado, el dictamen contempla la eliminación de la facultad del Consejo General para designar a los titulares del Órgano Interno de Control y de la Unidad de Fiscalización.
El nombramiento de estos titulares quedará a cargo de los diputados del Congreso del Estado.
Asimismo, otra de las reformas que contempla es la eliminación de la figura de “gran perdedor” en la elección de diputados locales.
La única forma de llegar al Poder Legislativo será a través de la elección de diputados locales por los principios de mayoría relativa y de mayoría proporcional.
Además, se elimina el capítulo de la figura de “asociación electoral”, lo que solo deja como figuras para un proceso electoral la coalición, candidatura común y fusiones.
El presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla defendió el recorte de financiamiento público a los partidos al señalar que esto haría que los institutos políticos se esfuercen más en convencer a la ciudadanía, además de que el partido que estaría en mayor peligro de perder prerrogativas sería Morena.
Asimismo, argumentó que quitarle el nombramiento de contralor al IEE está justificado en las reformas constitucionales federales en materia de Anticorrupción.
El diputado sin partido, Marcelo García Almaguer criticó que en estás reformas no se incluyera el tema de las candidaturas independientes para volverlas más accesibles a la ciudadanía.
Agregó que con la eliminación de la figura de “gran perdedor” se suprime la “meritocracia” en las elecciones locales al no reconocer el esfuerzo de quienes buscan el voto popular.
En tanto, la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia recriminó que el dictamen intente darle más facultades al Congreso local para someter al órgano electoral local.
Otro de los conceptos que adiciona la reforma electoral es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
