Hablar de constitucionalidad en México es entrar en un terreno donde todo se vuelve lento y relativo, ya que siempre habrá quien encuentre la forma de evitar que las cosas sucedan o por lo menos se posterguen.
Tal es el caso del programa “Mochila segura” cuya constitucionalidad volvió a ser motivo de discusión tras los hechos del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, donde un menor de edad ingresó con dos armas de fuego al plantel y disparó en contra de su maestra y algunos de sus compañeros, para después quitarse la vida.
Desde el inicio las posturas fueron encontradas; los que vivieron de cerca este evento traumático, incluyendo las propias autoridades estatales, se manifestaron a favor de que dicho programa fuera restablecido de inmediato, mientras que los que se enteraron a través de los medios de comunicación, se pronunciaron en contra alegando que viola la privacidad de los menores y en general los derechos humanos de los niños.
Incluso hubo quienes sin tener experiencia en la materia o desde una posición privilegiada en términos políticos opinaron al respecto; algunos más se fueron a los libros para ver lo que se ha escrito al respecto, mientras que otros revisaron en los periódicos los eventos similares que se han registrado en el pasado.
Llamaron la atención los comentarios de la esposa del Presidente de la República, quien señaló que la revisión de las mochilas debe realizarse en casa por parte de los padres; lo que no tomó en cuenta es que una gran cantidad de niños no son llevados a la escuela por ayudantes, personal de seguridad o nanas y mucho menos que utilicen vehículos particulares u oficiales, sino que deben usar transporte público o caminar largas distancias solos y en el trayecto muchas cosas pueden suceder, entre ellas que metan algún objeto o sustancia prohibida a su mochila.
Otros opinaron que deben ser revisadas por las autoridades escolares y los padres de familia a la entrada de los planteles, en tanto que algunos consideraron que es muy agresivo que los policías revisen las mochilas o que ingresen a las aulas con perros detectores de armas y drogas, ya que genera una sensación de que se les está tratando como presuntos delincuentes.
Las autoridades por su parte ofrecieron soluciones inmediatas, la mayoría de carácter reactivo incluyendo la detención del abuelo del menor y solo algunas como las de Puebla coincidieron en que este tipo de programas deben ser avalados por los padres de familia y profesores antes de ser impuestos. De hecho, el titular de la Secretaría de Educación Pública estatal prohibió el programa “Mochila segura” desde su llegada, con el argumento de que viola los derechos de los niños.
En el fondo todos tienen razón, pero lo irreductible de algunas posturas en poco contribuyen en la búsqueda del justo medio o punto de equilibrio que se necesita para salirse de la discusión y resolver el problema antes de que otro evento vuelva a sorprendernos en cualquier parte del país, incluida la entidad poblana.
Desde luego que la solución no es sencilla y cada región, estado, municipio, ciudad o comunidad tendría que ajustar los protocolos ya existentes a su realidad y buscar la forma de atender esta problemática con las herramientas y capacidades que tenga a su alcance.
No debe perderse de vista que ésta problemática va más allá de las armas blancas o de fuego e involucra sustancias prohibidas, como las drogas y solventes, que ingresan a algunos planteles para ser comercializadas o consumidas.
Por fortuna en el país y en Puebla en particular hay experiencias que van más allá del uso de perros o que sean los policías quienes se encarguen de revisar las mochilas.
Estas prácticas derivan del sentido común de padres de familia, profesores y algunas autoridades sensibles, quienes se han dado a la tarea de buscar soluciones prácticas, medidas que funcionen y que vayan más allá de la constitucionalidad o legalidad de los programas. Por lo general son revisiones a cargo de los padres de familia y profesores, muchas veces sin la presencia o supervisión de la policía.
En la mayoría de los casos están conscientes de que la capacidad de la autoridad es finita, que un estado de fuerza de 3 mil 500 policías estatales y 4 mil 818 municipales (8,313 elementos en total) no serían suficientes para revisar las mochilas de los niños de las más de 11 mil 800 escuelas de educación básica (INEGI), porque dejarían de atender sus demás tareas durante por lo menos una hora.
Está claro que la presencia de policías armados con fusiles y pistolas, acompañados de perros detectores de armas de fuego y drogas no resuelve el problema, sino por el contrario, corre el riesgo de generar animadversión entre los niños. Este tipo de elementos policiales y sus perros son necesarios para detener a los generadores de violencia que abundan en muchas regiones del país y que parecen andar campantes sin que nadie los moleste, pero que no están en el interior de las escuelas.
La solución es integral y concita lo mismo que a padres de familia, profesores, psicólogos, autoridades educativas y también a policías, pero solo en el momento y lugar que sean necesarios.
Para resolver el problema de la violencia homicida en las escuelas se necesita ser más proactivos como sociedad y más prospectivos como autoridad, es decir identificar el riesgo, minimizarlo o erradicarlo antes de que cause algún daño a la comunidad estudiantil, para eso están las instancias educativas, de seguridad pública y procuración de justicia.
Versión no contada.
Al igual que en el resto del país, en 2009 fue puesto en marcha el programa “Mochila segura” en Puebla. Si bien a nivel de campo no generó contratiempo alguno, las críticas no se hicieron esperar e incluso hoy prevalecen.
La entidad no está exenta de eventos como los de Torreón, Coahuila, con mayor razón si como lo explique en este espacio el 31 de julio del 2019, en Puebla el 58% de la población está a favor de poseer un arma de fuego; 29% conoce a alguien o él mismo tiene un arma en su domicilio, vehículo o lugar de trabajo. De los que aceptaron poseer un arma, el 60% la consiguió en el “mercado negro”; 80% la compró y al 20% restante se la regalaron; al 74% le fue fácil y al 26% muy fácil conseguirla; el costo del arma fue de 8 mil 500 pesos en promedio.
Se estima que en la entidad por lo menos circulan ilegalmente 1 millón 800 mil armas de fuego, es decir una de cada 3 personas está armada y algún padre o abuelo, podría descuidarse.
Lo anterior indica que el programa de “Canje de armas” en forma voluntaria al día de hoy no ha funcionado.