9M, el día después

Por Facundo Rosas / /

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La exitosa movilización de aproximadamente 200 mil mujeres el 8M a nivel nacional y 10 mil en el estado de Puebla, así como la ausencia de más de 30 millones de mujeres de sus sitios de trabajo el 9M para manifestarse en contra del machismo, la violencia, el feminicidio y la inseguridad, no fueron suficientes para evitar que siguieran registrándose asesinatos por razones de género.

Tan solo el 8 de marzo (Día internacional de la mujer) se registraron 11 casos de homicidio doloso de mujeres en todo el país y que podrían tipificarse como feminicidios.

En el estado de Puebla, en la víspera del 9 de marzo tuvieron lugar por lo menos 2 feminicidios, uno en la capital de poblana y otro en el municipio de Coronango.

Lo anterior indica que, para hacer coincidir el discurso de las autoridades y los movimientos del 8M y 9M, va a ser necesario encontrar nuevas fórmulas que vayan más allá de reforzar la tan trillada estrategia de atención de las causas que generan la violencia, particularmente atender a los jóvenes, el campo y el desempleo, así como fortalecer los valores y el tejido familiar.

Para lograrlo habría que ir más atrás en el proceso de gestación del delito y concentrar todos los esfuerzos en la fase de prevención, pero de manera activa, aquella durante la cual los signos de violencia apenas se asoman.

Para conseguirlo será necesario elaborar una verdadera política pública y una nueva estrategia que permita abordar esta problemática desde una nueva perspectiva que incorpore a la autoridad y la sociedad, no cada quien por su lado.

En la entidad poblana está visto que las acciones aisladas, entre ellas la “Alerta de Violencia de género” emprendida por el gobierno estatal, pero con la presión del gobierno federal (abril del 2019) no ha permitido abatir el feminicidio.

Tampoco ha servido de mucho recurrir al lenguaje rebuscado como decirse “miembras” del gabinete del gobierno federal por parte de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública o como integrantes de “la gabineta”, a cargo de Nadine Gasman, Titular del Instituto Nacional de las Mujeres, como sucedió en la víspera del 8M; por lo que será necesario replantearlas por completo.

Un primer paso por parte de la autoridad debería ser reconocer y asumir el problema, ya que buscar culpables entre los neoliberales y los “conservas” solo generará mayor enojo y riesgo de que se presenten más casos y una escalada en el movimiento.

Dejar pasar más tiempo y permanecer inmóvil ante este reclamo de millones de mujeres va a requerir una mayor sensibilidad y empatía con las víctimas, además de protocolos de atención sencillos, claros y flexibles.

Esta más que claro que la sola aplicación de la ley y la intención de acabar con la violencia, los crímenes de odio y feminicidios, como lo dijo el titular del ejecutivo federal el 8 de marzo en Fresnillo, Zacatecas no es suficiente.

Por parte de las mujeres, en su papel de potenciales víctimas, se va a requerir una mayor prontitud en la denuncia y seguimiento de la misma, es decir reaccionar a la primera señal de violencia familiar, en particular si proviene de su pareja, más allá de su estatus legal o religioso.

Está comprobado que el 80% de los feminicidios en promedio son cometidos por sus parejas o exparejas sentimentales, como quedó comprobado en los casos de Maribel en Coronango y Paulina en la capital poblana (ambos perpetrados en la víspera del 9 de marzo). El restante 20% es atribuible a otros familiares y personas ajenas a su entorno social, por lo que el mayor riesgo proviene del tan mencionado tejido familiar.

Por parte de la ciudadanía, lo que se requiere es que los testigos pasivos o activos de un hecho de violencia se integren a una cadena de sensores que coadyuven a detectar el riesgo y lo denuncien, como ya pasó en los casos de Maribel y Paulina en los cuales los vecinos fueron los que denunciaron. Estos casos deberían ser referentes a nivel nacional.

Al respecto, cuántas veces hemos oído decir a los vecinos o testigos presenciales de hechos de violencia familiar, que oyeron gritos, disparos y percibieron golpes previos al asesinato de mujeres por parte de sus parejas, pero no dieron aviso a la autoridad porque era práctica común o lo que es peor, que los hombres tenían derecho de hacerlo.

En síntesis, antes de pensar en más policías y Ministerios públicos, lo que se necesita son más trabajadoras sociales, psicólogos y asesores en manejo de crisis que se encarguen de sensibilizar, canalizar y atender todos los casos de violencia familiar que se denuncien, más allá de los tiempos legales e incremento de años de pena corporal (recientemente se agregaron 5 años).

También va a ser necesario recuperar o construir más refugios para mujeres violentadas por sus parejas, de esos espacios en los que Puebla fue pionero pero por tener un color distinto a la denominada 4T, fueron eliminados o simplemente ignorados.

Versión no contada

Mucho se ha hablado en medios de comunicación del caso “Wallace”, sobre todo en contra de la madre de la víctima de secuestro a quien han tratado de desacreditar por cuestiones personales, pero nada se ha contado sobre cómo fue detenido el último de los integrantes de la banda, de nombre Jacobo Tagle Dobín, en Cuautitlán, Estado de México en diciembre de 2010.

Más de uno se preguntará porqué mezclar una historia de secuestro con el tema de violencia familiar y de género que dio pie a los movimientos del 8M y el 9M.

La razón es que después de buscar al fugitivo por todo el mundo durante más de cinco años, todo se resolvió gracias a la denuncia de un caso de violencia familiar en el que participó dicho personaje y que fue atendido a tiempo. De otra forma aún estaría siendo buscado a nivel internacional y tal vez haber sido autor de un feminicidio.

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