A escasos días del denominado #UnDíaSinMujeres (9 de marzo), todo parece indicar que el movimiento #NiUnaBataMenos de los estudiantes de medicina de Puebla coincidirá con dicha expresión en tiempo y espacio, sin habérselo propuesto.
Aunque ambas manifestaciones tienen como origen el rechazo a la violencia y la demanda de seguridad, la primera será pasiva, mientras que la segunda será activa, ya que el movimiento estudiantil apenas comienza.
En el caso de Puebla, previo al 9 de marzo tendrá lugar una movilización en la que participarán un estimado de 30 universidades, tanto públicas como privadas (5 de marzo), encabezadas por la BUAP y la UPAEP, instituciones donde realizaban sus estudios los jóvenes asesinados en Santa Ana Xalmimilulco, junta auxiliar de Huejotzingo.
De hecho, es la primera vez que estudiantes de ambas universidades convergen en un movimiento vinculado al tema de la inseguridad, independientemente de su naturaleza y origen, que dicho sea de paso se ubica en un mismo conflicto surgido al interior de la UAP, en 1961 y que culminó en 1973, con la escisión de un sector de la derecha que fundó la UPAEP como institución privada y la permanencia de otro de izquierda que se quedó al frente de la BUAP, que continuó siendo pública.
Actualmente ambas casas de estudio son referentes a nivel nacional y hemisférico por la calidad de sus egresados, por lo que la muerte de los estudiantes de medicina por parte de grupos la delincuencia organizada, tendrán un impacto negativo en la imagen de la entidad poblana y del país en general.
A las autoridades locales les corresponde tomar acciones inmediatas para que esto sea pasajero y no afecte la matrícula del denominado “Consorcio universitario” y las otras 480 universidades con que cuenta el estado de Puebla y que lo convierte en el mayor Cluster del país en materia de educación superior. Cabe precisar que la Ciudad de México cuenta con 460 universidades, mientras que el Estado de México cuenta tiene 433 planteles de este tipo.
Como siempre se ha dicho, que las crisis representan oportunidades para hacer cambios profundos y avanzar en todos los sentidos, en esta ocasión toca el turno a la seguridad, procuración y administración de la justicia, que ya comenzó con el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública estatal y únicamente quedan pendientes las instancias municipales.
Sería conveniente que de esta movilización estudiantil surja una política pública y una estrategia integral a nivel estatal y municipal de Puebla, que no se limite a la compra de patrullas y cámaras de videovigilancia conectadas al C-5, tampoco a recorridos de la policía en el exterior de los campus universitarios, ya que son insuficientes y además está comprobado que en el momento en que la policía deja de hacer presencia, los delitos y la violencia regresan.
La coyuntura abierta por el asesinato de los estudiantes también representa el mejor momento para identificar y atender las causas del delito, en particular las relacionadas con la educación, deporte, cultura, empleo, salud y economía, de las que tanto se ha hablado, pero poco o nada se ha hecho.
De igual manera abre la posibilidad de incorporar a las organizaciones de la sociedad civil bajo un nuevo modelo de participación ciudadana, priorizando aquellas que no tengan vínculo formal alguno con la autoridad, como las que integran los Consejos Ciudadanos a nivel estatal y municipal, ya que al estar cerca del poder pierden su capacidad de análisis, crítica y propuesta.
En síntesis, el hecho de que los movimientos #UnDíaSinMujeres (9 de marzo y #NiUnaBataMenos, coincidan en tiempo y espacio, representa una oportunidad para que los estudiantes de medicina exijan y propongan medidas integrales pero sencillas y las autoridades escuchen y atiendan todas las demandas; esa es la fórmula que podría evitar que este tipo de expresiones espontáneas se politicen y sean aprovechadas por líderes que están pensando en las elecciones intermedias del 2021 y las presidenciales de 2024.
Versión no contada
Al igual que en el caso de los estudiantes de la UPAEP y la BUAP, en febrero de 2015 el secuestro del estudiante del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, Sebastián Préstamo, encendió las alarmas en las instituciones privadas que integran el denominado “Consorcio universitario”, las cuales se vieron vulneradas y sentían que en cualquier momento alguno de sus alumnos serían presa fácil de algún grupo delictivo de ese entonces.
Una pronta comunicación con los rectores y algunos padres de familia permitió despejar dudas y sobre todo evaluar los riesgos que corría la comunidad estudiantil dentro y fuera del Campus, aclarando que se trataba de un caso atípico en el que los perpetradores no tenían el control de las variables y fases que caracterizan un secuestro, como son la casa de seguridad, los vehículos, el grupo que intercepta a la víctima, el que negocia, el que cobra el rescate y el que libera al secuestrado y que esa había sido la razón de tan funesto desenlace, logrando con ello que ningún estudiante solicitara su baja o disminuyera la matrícula de dichas universidades, sino al contrario.
No todo el pasado en materia de seguridad fue negativo como se pretende hacer creer, en todo caso las circunstancias eran diferentes, pero los indicadores siempre fueron mejores, solo que de esto nada se cuenta.