El gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, logró retirar ya 15 de las 29 notarías regaladas durante la administración de Rafael Moreno Valle a sus exfuncionarios y operadores electorales, luego de que los beneficiados las entregaron de manera voluntaria a fin de evitar enfrentar un proceso jurídico por delitos como uso indebido de documentos públicos, asociación delictuosa y falsedad de declaraciones.
Las resoluciones sobre la anulación de las 15 patentes fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, en estas se especificó que la Consejería Jurídica del Estado procedió a la clausura de los protocolos y formación de inventarios, así como a la destrucción de los sellos oficiales.
Han pasado 11 meses desde que Barbosa Huerta anunció que habían iniciado una investigación en contra de 49 fedatarios y prestanombres de 29 notarías, que fueron beneficiados con una patente en la recta final de la administración de Moreno Valle.
El mandatario ha declarado que 18 de ellas ya fueron revocadas y quienes fungían como titulares quedaron eximidos de enfrentar un proceso penal. En dos casos se confirmó que operaban de manera regular, a siete les dieron un plazo para devolver los sellos, mientras que dos se encuentran en litigación.
El pasado 11 de septiembre, Barbosa Huerta advirtió que pronto serían judicializados notarios morenovallistas que no aceptaron otorgar sus patentes, como Sergio Penagos García quien fue vinculado a proceso el 9 de septiembre por el delito de uso de documentos falsos.
De acuerdo con la Fiscalía General del estado, el proceso inicio en contra de Penagos García debido a que, en enero del 2017 presentó ante la Dirección General de Archivos y Notarías del Estado de Puebla una constancia de prácticas notariales falsa para obtener una patente.
VER: Vinculan a proceso por uso de documento falso al morenovallista Sergio Penagos
Notarías que el gobierno de Puebla ha recuperado
De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado, hasta el 14 de septiembre la Consejería Jurídica del Estado ha anulado 15 patentes después de 11 meses que han pasado desde el inicio de la investigación.
Las primeras resoluciones se publicaron el pasado 30 de junio se trataron de seis patentes la primera de María Dolores Martínez Barradas, titular de la Notaría Pública número cinco del Distrito Judicial de Tepeaca; la segunda del mismo municipio con número ocho, que ostentaba Beatriz del Rosario Triana González.
La tercera se trató de la Notaria número dos, del Distrito Judicial de Tétela que pertenecía a Yesenia Bonilla Pérez, la cuarta del número diez del Distrito Judicial de Tehuacán de Alejandro Julián Rosas Moro.
La quinta patente anulada fue el número 12, de Flor de Naranjo Tirado Alejo, del Distrito Judicial de Tehuacán, mientras que la sexta fue la numero dos ostentada por Gabriela Montoya del Río.
En tanto, el 4 de agosto se publicó en el Periódico Oficial que se procedió a la clausura del protocolo y destrucción de sellos de la Notaría Pública número seis del Distrito Judicial de Cholula, a nombre de Alejandra Maupomé Cagical.
El 6 de agosto se realizó una octava cancelación, se trató de la patente de la Notaría Pública número cuatro del Distrito Judicial de Tecamachalco, así como los actos resultantes de aquél, que ostentaba Juan Carlos Tapia Santander.
Mientras que el 14 de agosto se sumaron a la lista de notarías anuladas dos más.
Destaca la número siete del Distrito Judicial de Cholula con sede en San Andrés Cholula, que se encontraba a nombre de Irma Patricia Leal Islas, quien fungió como la titular de la Secretaría de Contraloría durante la administración de Rafael Moreno Valle y, además, se encuentra en la lista de los 64 operadores que utilizó Eukid Castañón Herrera para desviar dinero público para las campañas electorales a través de la “Estructura Maya”.
VER: Eukid Castañón utilizó a estos 64 operadores para desviar dinero público
En cuanto al segundo caso, se especificó que se trató de la notaría número dos del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, en el municipio de Libres, a nombre de Manuel Pozos Cruz, ex legislador del partido Compromiso por Puebla.
El 21 de agosto se publicó la onceava revocación, se trató de la Notaría Pública Número Siete del Distrito Judicial de Tepeaca que estaba a nombre de Luis Antonio Nava, pero que era manejada en realidad por el alcalde, Sergio Salomón Céspedes, a quien el morenovallismo se la entregó como pago de facturas por su operación electoral.
VER: ¡Una más! Gobierno de Puebla le quita ahora su notaría a Sergio Salomón
El 28 de agosto, la doceava a cargo de Gilberto Suárez Machado, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Mientras que, el 11 de septiembre se anularon la Notaría Pública Número 8, del Distrito Judicial de Cholula, con sede en San Pedro Cholula, Puebla, expedida a nombre de Alexandra Herrera Corona, quien se señaló había presentado un amparo para no devolver la patente.
Asimismo, salió la publicación de cancelación de la Notaría Pública Número 4, del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, a nombre de Claudia Álvarez Acosta, quien figuraba sólo como prestanombres, ya que el verdadero operador era Raúl Espinoza Martínez.
En tanto, el pasado 14 de septiembre fueron anuladas las Patentes de Notario Titular y Notario Auxiliar de la Notaría Pública Número Trece del Distrito Judicial de Tehuacán, expedidas a nombre de José Gaudencio Víctor León Castañeda y Gerardo Orozco Hernández, el primero es conocido por haber laborado como alcalde de San Martín Texmelucan y ocupar los cargos de diputado federal y local.
VER: Gobierno de Puebla anula tres notarías morenovallistas más
Destaca la número siete del Distrito Judicial de Cholula con sede en San Andrés Cholula, que se encontraba a nombre de Irma Patricia Leal Islas, quien fungió como la titular de la Secretaría de Contraloría durante la administración de Rafael Moreno Valle y, además, se encuentra en la lista de los 64 operadores que utilizó Eukid Castañón Herrera para desviar dinero público para las campañas electorales a través de la “Estructura Maya”.
VER: Eukid Castañón utilizó a estos 64 operadores para desviar dinero público
