El Partido Acción Nacional llevó su inconformidad por la designación de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, hasta el Senado de la República.
En conferencia de prensa y acompañados por el coordinador de senadores del PAN, Mauricio Kuri, el grupo legislativo del blanquiazul en el Congreso poblano acusó que Morena y la Mesa Directiva del Poder Legislativo violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley de fiscalización superior y rendición de cuentas para la designación del titular de este órgano.
La coordinadora de la bancada panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia argumentó que en ambos casos se establece que el titular del órgano de fiscalización de las entidades federativas será designado por las dos terceras partes del Pleno del Poder Legislativo.
Sostuvo que no se cumplió la mayoría calificada que establecen ambas leyes, pues 27 diputados votaron a favor de Romero Serrano, lo que equivale al 65.85% del Pleno en la sesión del pasado 27 de noviembre, cuando se debió rebasar el 66% de la votación.
"Con tan solo el 65.85% de los votos el presidente de la Mesa Directiva procedió a declarar que se contaba con la mayoría calificada y por lo tanto dio por electo para el cargo de auditor a uno de los contenedores (...) A todas luces han sido violadas la Constitución General de la República y la del Estado de Puebla".
Mónica Rodríguez agregó que acudió al Congreso de la Unión para denunciar las irregularidades debido a que, supuestamente, el gobierno del estado ha girado la instrucción a los medios de comunicación para no darle seguimiento a las acusaciones del PAN.
"Seguramente desde la oficina de prensa del gobernador del estado se ejerce presión a la mayoría de los medios de comunicación en Puebla, lo que explica la nula posibilidad de difundir la información en nuestro estado".
La legisladora de Acción Nacional agregó que en próximos días presentará la denuncia pertinente para intentar anular la llegada de Romero Serrano a la ASE.
Entre las posibilidades que se analizan para judicializar está presentar una controversia constitucional a través de un municipio o los amparos de aspirantes inconformes con la decisión del Congreso del Estado.