Las comisiones unidas de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen para iniciar juicio político contra la extitular de Sedatu y Sedesol, Rosario Robles Berlanga, por el desvío de 7 mil millones de pesos relacionados con la Estafa Maestra.
El expediente se presentará a la Comisión Jurisdiccional para que se integre a la sección instructora (formada por cuatro diputados) donde se llegará a una resolución final sobre el juicio político a Robles.
La Comisión Jurisdiccional es el órgano legislativo responsable de desahogar el procedimiento de juicio político a los servidores públicos que sean considerados responsables de omisiones o conductas sancionables establecidas en la Constitución Políticas, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Código Penal Federal y otras disposiciones.
El dictamen pasará al pleno de San Lázaro, que puede aprobarlo o rechazarlo antes de que pase al Senado.
En la Comisión de Justicia hubo 22 a favor y 2 en contra; mientras que en la Comisión de Gobernación hubo 24 a favor y 1 en contra. En total, fueron 46 votos a favor, tres en contra, del PRI, y cero abstenciones.
En la discusión, la mayoría de los legisladores coincidieron en que el proceso de juicio político no solo se aplique a Robles, si no a más funcionarios, e incluso al expresidente Enrique Peña Nieto.
Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, aseguró que el procedimiento contra Robles no es una venganza política sino un tema de justicia.
En tanto, David Orihuela, de Morena, sostuvo que este proceso debe ser un recordatorio para todos los delincuentes de cuello blanco que se dedicaron a saquear al país.
Rosario Robles es la única involucrada en el caso de corrupción La Estafa Maestra que puede enfrentar un juicio político, a pesar de que en este sistema de desvío de recursos públicos estuvieron implicadas hasta 11 dependencias del gobierno federal de Enrique Peña Nieto.
Hasta ahora, la única denuncia para que se haga un juicio político a implicados en La Estafa Maestra es contra de Robles, la cual fue presentada el 30 de agosto pasado por la diputada Tatiana Clouthier, del partido Morena.
El juicio político contempla dos medidas: la destitución del cargo del funcionario, más una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos, que va desde un año hasta 20 años.
En el caso de Rosario Robles, al ser una exfuncionaria la destitución ya no le aplicaría.
La Secretaría de la Función Pública ya la inhabilitó por 10 años por falsear información en su declaración patrimonial, por lo que, como máximo, Rosario Robles solo podría sumar otros 10 años de inhabilitación, en caso de que fuera hallada culpable.
Por la mañana, en la cuenta de Twitter de Robles se publicó un tuit que decía: “Tiempo de canallas. Tiempo de cobardes”.
Tiempo de canallas. Tiempo de cobardes.
— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) 28 de noviembre de 2019
Ayer, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, calificó por su parte el juicio político como una “venganza política”.