Hoy se cumple el primer año de la LX Legislatura, la primera en la historia de Puebla controlada por la izquierda. Morena y sus partidos aliados tienen el control. Sin embargo, se olvidaron de sacar los temas que son bandera de su ideología política como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario.
En cuanto a su productividad legislativa, los diputados poblanos han sacado leyes del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la revisión de las obras faraónicas edificadas en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Tony Gali Fayad, así como las aprobación de iniciativas contra publicidad sexista y el regreso de las facultades a las juntas auxiliares.
En este primer año el Congreso local vivió dos etapas de alta complejidad: el enfrentamiento con el gobierno estatal y el Partido Acción Nacional por el conflicto postelectoral de 2018; y la crisis política en la que se vio envuelto el estado tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, que provocó que la entidad viviera un mes sin gobernador.
Para el segundo año legislativo de labores, los diputados locales tendrán como pendientes la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, el rescate del Organismo Público Descentralizado de Ciudad Modelo Audi, la Ley de Participación Ciudadana, entre otros pendientes.
La guerra contra Tony Gali: en tres meses vetó 11 iniciativas aprobadas por el Congreso
Desde el inicio de la Legislatura, el Congreso de Puebla mantuvo una guerra declarada con el gobernador Tony Gali Fayad, la cual fue desde las descalificaciones de los diputados locales hacia el mandatario estatal, hasta el bloqueo de iniciativas de reforma a leyes por parte del titular del Poder Ejecutivo del estado.
La primera iniciativa en ser vetada fue la derogación de la Ley Bala, bajo el argumento de que debía crearse una "Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado” antes de dejar sin efectos la vigente.
También se regresó la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual buscaba la revocación de Gilberto Higuera como encargado de despacho de la dependencia, pues el gobernador consideró que se violaba la autonomía de la fiscalía.
Otras iniciativas que fue vetadas fueron la reforma al artículo 129 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, misma que buscaba reducir el presupuesto de la Auditoría Superior del Estado; la reforma a la Ley de Aguas para que el pago sea bimensual y el Congreso avale las tarifas; y la iniciativa para quitarle al gobierno estatal la facultad para otorgar permisos y recaudar el dinero de espectaculares
La crisis política por la muerte de la gobernadora
El 24 de diciembre de 2018 el estado de Puebla entró en una crisis de ingobernabilidad tras el fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso, quien murió en un accidente aéreo junto a su esposo Rafael Moreno Valle.
Tras confirmarse la noticia, el legislador Héctor Alonso Granados intentó madrugar a sus compañeros y nombrarse gobernador interino, pero fue frustrado por José Juan Espinosa. Otro de los que se apuntó a la contienda fue el presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro, pero también fue reprendido por el diputado del PT.
Tras semanas de discusiones, el Congreso de Puebla nombró, con 40 votos a favor y una abstención, a Guillermo Pacheco Pulido para ser gobernador interino por un periodo de seis meses.
Tras librar este momento de inestabilidad en el estado, el Poder Legislativo emitió la convocatoria para el proceso electoral extraordinario para que la elección se celebre el 2 de junio y la toma de protesta del gobernador fuera el 1 de agosto.
Iniciativas de Barbosa y revisión de obras morenovallistas, la marcha del primer año de labores
Tras el triunfo de Miguel Barbosa como gobernador del estado, el Congreso de Puebla entró en un frenético ritmo para preparar la reingeniería gubernamental de Puebla en dos etapas: la construcción de una nueva estructura de la administración pública, y el desmantelamiento de la gestión morenovallista.
A unas semanas de la toma de protesta del gobernador electo, ingresó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley de la Administración Pública del Estado, contemplado la ampliación del número de secretarías, de 12 a 17; la desaparición de Organismos Públicos Descentralizados; y el fortalecimiento de áreas como la Consejería Jurídica, y el Jefe de la Oficina del Gobernador.
Tras una semana de análisis y modificaciones de forma, la LX Legislatura aprobó, en sesión extraordinaria, la nueva estructura del gobierno del estado con la que operará Miguel Barbosa Huerta.
VER: Por mayoría, Congreso de Puebla aprueba reforma para la reingeniería del gobierno estatal
Una vez como titular del Poder Ejecutivo estatal, los diputados locales recibieron el primero de los decretos que enviaría el gobernador: la iniciativa de decreto para otorgar el indulto a presos políticos, mujeres encarceladas por abortar, enfermos terminales y personas indígenas.
Con dos días de análisis, y sin cambios de fondo, el Congreso de Puebla aprobó la reforma al Código Penal del Estado que le otorga al gobernador la facultad de dar el indulto de manera excepcional y discrecional.
A la par de estas reformas, desde la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, presidida por la diputada Olga Lucía Romero, se comenzó a maquinar el método para exhibir el costo real de la deuda de la entidad.
Todo comenzó con una solicitud de información al órgano de fiscalización del estado, pues existía la sospecha de que la obras faraónicas del morenovallismo, y dónde se encontraban los altos costos de la deuda.
El informe de la Auditoría de Puebla reveló que obras como el Museo Internacional del Barroco, la Estrella de Puebla, el Centro Integral de Servicios de Angelopolis, la Ciudad Modelo, Plataforma Audi, la línea 2 de RUTA, entre otras obras no fueron auditadas, por lo que se solicitará su revisión a fondo. En esta revisión se fiscalizarán 25 mil 589 millones de pesos.
Los temas que históricamente abanderan los partidos de izquierda fueron ignorados por la coalición Juntos Haremos Historia y retomados por otros partidos.
El más discutido en este primer año legislativo fue la iniciativa presentada por el PRI para evitar que las mujeres que aborten en el estado sean enviadas a prisión y sólo hagan servicio comunitario.
Diputados de Morena han subido opiniones en torno a este asunto, unos a favor y otros en contra por considerar que se está legalizando el aborto en el estado.
Ante los puntos encontrados por las diferentes bancadas, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia -que preside Morena- retardó el análisis en comisiones y convocó a foros para su análisis.
En cuanto al Matrimonio igualitario, la iniciativa fue presentado por el diputado sin partido, Marcelo García Almaguer para que cualquier forma de Integración familiar sea reconocida en el estado, y no solo la tradicional de hombre, mujer e hijos procreados.
Sin embargo, la mayoría de diputados de Morena-PT-PES dejaron en la congeladora la iniciativa en los primeros tres periodos de sesiones.