El Congreso de Puebla, desde la Comisión del Seguimiento de la Reconstrucción por el Sismo del 19 de septiembre de 2017, iniciará la revisión del gasto ejecutado a través de la Secretaría de Desarrollo Social para estas tareas, las cuales estuvieron a cargo de Gerardo Islas Maldonado.
La diputada del Partido Encuentro Social advirtió que los representantes de la coalición Juntos Haremos Historia revisarán a detalle el ejercicio de este presupuesto, ya que el propio Gerardo Islas preside la comisión que tiene asignado el tema.
La diputada local Nora Merino Escamilla no descartó que se sancione al ex secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, en caso de que se detecte malversación de recursos en la reconstrucción de los templos dañados en el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Señaló que desde el Congreso de Puebla no se han detectado irregularidades debido a que la Comisión encargada del Seguimiento de la Reconstrucción solo ha sesionado en dos ocasiones, en las cuales se declaró la instalación de la mesa y la presentación del plan de trabajo.
La diputada resaltó la necesidad de investigar en donde se perdió la llegada de los recursos para la restauración de templos e iglesias, como lo acusó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Descartó que exista un conflicto de intereses por parte del diputado de Nueva Alianza al presidir la comisión encargada del seguimiento de la reconstrucción de los inmuebles dañados en 2017, y ser el funcionario estatal encargado de la ejecución de los recursos.
Él decía que conoce mejor que nadie el tema porque él lo vivió, él estuvo pendiente pero creo que por eso en la coalición somos mayoría en esa comisión para poder hacer una revisión puntual. Él podrá conocer lo que sucedió pero nosotros vamos a llegar a fondo, aquí no va a haber un trato preferente para nadie, si alguien tiene un problema de no poder comprobar tendrá que rendir cuentas”.
El mandatario estatal acusó la malversación de recursos destinados para la reconstrucción de templos dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, durante el gobierno de Antonio Gali Fayad, por lo que ya se abrieron las investigaciones pertinentes.