La diputada del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Puebla ahora para sancionar a los servidores públicos que entorpezcan la justicia en caso de feminicidios. La legisladora propone que sean castigados con una pena de 3 a 8 años de cárcel e inhabilitados para ejercer algún cargo público.
Actualmente, el Código Penal del Estado de Puebla establece que el feminicidio será castigado con una pena de 40 a 60 años de cárcel. Y contempla solo una agravante para que quien lo cometa en contra de una mujer embarazada llegue a ser castigado con hasta 70 años preso.
La iniciativa de la diputada, propone contemplar esta agravante también en los casos de feminicidio contra menores de edad, alguna mujer con cualquier tipo de discapacidad y adultas mayores. La legisladora propone que también en estos casos la pena llegue a 70 años.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora detalló que este 2019 se han registrado 70 homicidios de mujeres, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) solo ha investigado 24 bajo la clasificación de feminicidio.
Dijo que es necesario combatir la impunidad por lo que se deben sancionar a los funcionarios implicados en el sistema de justicia que obstaculicen los castigos en contra de feminicidas.
La propuesta de la legisladora local plantea reformas a la fracción VII del artículo 338, el artículo 338 QUÁTER, y la adhesión del artículo 338 SEXIES al Código Penal del Estado de Puebla.
El castigo para los funcionarios públicos que entorpezcan la justicia en estos casos, será de 3 a 8 años de prisión, además de una multa de 500 a mil 500 días de Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En tanto, la reforma a la fracción VII del artículo 338 QUÁTER del Código Penal plantea que cuando las víctimas sean menores de edad, adulta mayor, tenga alguna discapacidad o en alguna otra condición especial, el delito de feminicidio será castigado con una pena de 50 a 70 años de prisión.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla para su análisis, estudio y posible aprobación.