25 de Abril del 2024

Política

Morena prepara su agenda para el segundo periodo de sesiones: retirarán la concesión a Agua de Puebla y bajarán el salario de los funcionarios

- Foto: Agencia Enfoque

El presidente del Congreso de Puebla recordó que el 30 de junio presentará su agenda legislativa, que incluirá los temas que tratará el Poder Legislativo a partir del segundo periodo que inicia el 15 de septiembre

Por Jesús Viñas / @jess15710 /

La iniciativa para echar abajo la privatización del agua en Puebla se presentará en el segundo periodo de la LX Legislatura que arranca el 15 de septiembre, confirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla.

En entrevista, el también coordinador de la bancada de Morena recordó que el próximo 30 de junio, los diputados que integran la coalición Juntos Haremos Historia anunciarán los temas que trabajarán durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.

Dijo que además de buscar cancelar la concesión con Agua de Puebla para Todos, también impulsarán iniciativas en materia de derechos humanos y la de la reducción de los salarios de funcionarios, esta última que quedó en la congeladora desde el año pasado.

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“Presentaremos nuestra agenda el 30 de junio. El tema del agua, eso ha sido parte de la agenda, y también la austeridad en los ingresos, la cuestión de los derechos humanos”.

En septiembre de 2018, los diputados de Morena buscaron convocar a las organizaciones sociales y universidades para trabajar en un nuevo marco normativo para la prestación del servicio del agua en Puebla. Lo anterior con el fin de tener un trabajo previo para echar abajo la ley que permitió la concesión del agua.

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El 16 de abril de 2014 entró en vigor la privatización del SOAPAP, concesión que el ex gobernador Rafael Moreno Valle entregó al consorcio empresarial creado por Agua para México, EPCOR y Tecnología Intercontinental a través de la empresa Concesiones Integrales S.A de C.V mejor conocida como Agua de Puebla para Todos.

La concesión tiene una vigencia por 30 años y en caso de echar abajo el contrato el gobierno de Puebla tendría que pagar a la empresa 3 mil millones de pesos.

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