El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, denunció esta mañana una red de empresas que financiaron la campaña negra en contra del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral 2017-2018. Y anunció que una de ellas es OHLMéxico, y que también hubo recursos de un programa del Gobierno del Estado de México con los que se financiaron la creación de la serie “Populismo en América”.
Santiago Nieto detalló que el caso será denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales y también se dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE).
El Presidente López Obrador aseguró que decidieron hacer público este caso para dejar en claro que se acaba en el país “la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos y el fraude electoral”.
“Es algo que queremos aportar como un logro de la Cuarta Transformación […] nunca más un fraude de los que se han padecido históricamente”, indicó.
LA RED
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera precisó que en esta red se identificó a dos sujetos, Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, y otra persona identificada como Piña, quienes recibieron recursos de diversas empresas, e incluso del Gobierno del Estado de México, para realizar el proyecto de “Populismo en América”.
Precisó que se estableció que el Grupo TV Promo S.A. de C.V. recibió 47 millones 900 mil pesos provenientes de Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V.
Esta sociedad anónima, agregó, fue participe en la guerra sucia contra el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Detalló que el sistema financiero mexicano reportó a las empresas mencionadas porque su operación está fuera de su perfil transaccional. Porque las operaciones efectuadas hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual podría implicar que se trata de empresas fachadas utilizadas para desvías recursos públicos.
Añadió que se identificó que el Bufete recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México, además de 2 mil 500 millones provenientes de la coordinación del programa de apoyo a la comunidad del Gobierno del Estado de México “sin una aparente justificación”.
“A partir de estos recursos del Bufete eran entregados a las empresas que se encargaron del proyecto Populismo en America”, denunció y precisó que se investiga que si otros elementos relacionados con la campaña negra contra López Obrador también salieron de estos recursos.
Dijo que estas sociedades también recibieron 3 millones 600 mil pesos de Kimgo Servicios Empresariales y 14 millones de Servicios Administrativos Peñoles.
Mostraron un mapa de las empresas de dónde provino el dinero, el cual se concentró en Quintero y Piña quienes fueron los encargados de llevar a cabo el proyecto de “Populismo en América”.
Destacó que la Ley prohíbe que empresas particulares entreguen dinero para hacer proselitismo a favor y en contra de candidatos. Por ello, recalcó, se dará vista al INE para que en el marco de sus facultades determine lo que corresponde y se presentará la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales y otra por eventual lavado de dinero.
Durante la campaña presidencial, camiones con la imagen de Andrés Manuel López Obrador y de Hugo Chávez circularon por la Ciudad de México para anunciar una serie documental llamada “Populismo en América Latina” que contendría un capítulo sobre el morenista y Hugo Chávez.
La difusión de la producción provocó críticas y una fuerte polémica porque aún sin tener garantizado que sería transmitida en algún canal, los productores pagaron camiones en los que se exhibía López Obrador junto a otros ex presidentes.
A una semana de la elección, el 1 de julio pasado, seguía sin saber si si se transmitiría. La información contenida en la página de Internet de La División, la casa productora del documental liderada por Javier García Mata, fue borrada y al ingresar al dominio ladivision.com.mx sólo se podía leer: “La División Próximamente”.
SOBRE LAS REFORMAS
Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, recordó que las reformas a la constitución aprobadas durante los primeros 100 días de Gobierno son: la creación de la guardia Nacional; la extinción de dominio; y la prisión preventiva oficiosa para más delitos.
Señaló que el ajuste del marco jurídico es también parte del plan para garantizar la seguridad y bienestar de todas y todos lo ciudadanos.
Recordó que la Guardia Nacional integrará a la Policía Federal y a las policías del Ejército y Marina. Destacó que el proceso de la aprobación de la reforma de la Guardia fue aprobada por 127 senadores, porque hubo una inasistencia, y por la mayoría de la Cámara de Diputados, donde hubo un sólo voto en contra y 36 inasistencias, así como en la totalidad de los congresos locales.
Para la de extinción de dominio, dijo, se modificaron los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catalogo de delitos sujetos a la extinción de dominio, para incluir hechos de corrupción, encubrimiento, extorsión, huachicol y delitos cometidos por servidores públicos.
Recordó que se creará una institución que administre los recursos decomisados.
En materia de prisión preventiva oficiosa, detalló, se modificó el artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos para que se orden prisión preventiva: corrupción, huachicol, delitos electorales, y también otros como abuso sexual contra menores, feminicidio, desaparición forzada, robo a casa, robo a transporte de carga y uso de armas, añadidos por el Congreso federal.
Sánchez Cordero indicó que ahora se dará paso a expedir las leyes secundarias para estas reformas. Indicó que en materia de Guardia Nacional se tienen las leyes secundarias para una nueva ley de Guardia, una nueva ley de uso de la fuerza; otra de registro de detenciones; y las reformas a la ley general del sistema nacional de seguridad pública.
Para las leyes secundarias de la reforma de prisión preventiva oficiosa se tendrá que reformar el código nacional de procedimientos legales.
Zoé Robledo, Subsecretario de Gobernación, precisó que el proceso legislativo que se llevó a cabo en estas tres reformas constitucionales fue distinto y con un principio de parlamente abierto, donde se escucharon a especialistas, mandatarios, académicos, funcionarios, entre otros.
“En todo momento lo que privó fue el dar una respuesta a los mexicanos en el tema de inseguridad”, dijo. Y destacó que no se tiene registro previo de otro reforma que haya tenido tanto respaldo como la de la Guardia Nacional en los congresos locales y de legisladores.
Y dijo que lo que viene con las leyes secundarias es igual de relevante. De 2000 a la fecha, 17 reformas que tuvieron mandato de leyes secundarias siguen pendientes; pero dijo que en este caso no “hay espacio para la simulación”, por lo que dijo en las próximas 14 sesiones que quedan al período legislativo serán intensas para trabajar en las leyes secundarias.