Los siete gasoductos detenidos, que según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) representaron el año pasado pérdidas para la empresa por 5,000 millones de pesos y se estima que este año llegarán a una erogación de 16,000 millones de pesos sin que la estatal reciba el hidrocarburo, involucran contratos con inversiones gubernamentales diferidas durante la vida de los proyectos (más de 25 años) de más de 82,000 millones de pesos, además del transporte de 6,169 millones de pies cúbicos de gas natural (1.4 veces la producción actual del país y 65% de la demanda nacional al incluir importaciones).
Además de las empresas mencionadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador: Carso, IEnova y TransCanada, incluyen también a la canadiense ATCO y a las españolas Abengoa, Enagas y Elecnor, en nueve entidades. Llevan frenados entre dos y cinco años, ya sea que arrancaron operaciones o que no concluyeron su construcción por oposiciones de las distintas comunidades por donde transitarían.
Y es que todos los proyectos energéticos corren el riesgo de ser frenados por la contradicción que existe entre el marco legal aprobado en la reforma sectorial del 2014 (que implica que la actividad energética tiene interés superior a cualquier otra) y las condiciones de que gozan los ejidos en materia de amparos, pues los jueces están obligados a otorgar la suspensión de los proyectos por su personalidad y no por la materia de la queja y al tratarse de amparos indirectos, la modificación a la Ley de Amparo del 2011 no tocó la jurisprudencia anterior que mediante una tesis de la Corte otorga suspensión de plano en las propiedades ejidales. A ello se añade la obligación de que exista una consulta libre e informada si existen comunidades indígenas, con lo que cualquier inconformidad de un presunto involucrado obliga también a parar el proyecto con base en el Convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo al que se adscribe México con jerarquía de tratado internacional (rango constitucional).
CFE paga
En tanto, la CFE cubre tanto los cargos por operación al transportista y costos por utilizar combustóleo en lugar de gas natural en las plantas que disponía para su reconversión a gas, mismos que se incrementan diariamente con base en los cargos por servicio en base firme determinados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para cada proyecto a partir de la fecha pactada de inicio de operaciones.
Al respecto, la propia CRE explicó que aprobó las bases de licitación buscando que la CFE obtuviera los menores costos como contratante, pero no tuvo participación en los procesos licitatorios ni en la adjudicación y firma de contratos de la CFE con los particulares.