Tres meses de investigación, más de 50 diligencias, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no encontró ninguna irregularidad en las declaraciones de bienes del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, luego de que fueron presentadas 33 denuncias sobre su caso.
Aunque comprobó que sus hijos y pareja poseen las 25 propiedades y empresas señaladas en una investigación periodística y dos más, la SFP no encontró que Bartlett tenga injerencia o se beneficie de ellas en modo alguno, ni que tuviera obligación legal de reportarlas en su declaración patrimonial.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros advirtió en conferencia de prensa, no obstante, que el próximo año sí tendrá que reportarlos públicamente, gracias a la modificación a los formatos de declaración de bienes de los funcionarios aprobados apenas hace una semana.
Estos son los argumentos legales por los que la SFP libró a Bartlett de cualquier responsabilidad:
¿Cuántas propiedades tiene Bartlett?
El reportaje periodístico presentado por Carlos Loret de Mola en W Radio y en su página web aseguraba que el director de la CFE solo declaró una fortuna de 51 millones de pesos, pero que en realidad es 16 veces mayor, si se consideran un total de 25 propiedades de sus dos hijos, su pareja sentimental y otro familiar de su pareja, que sumarían 800 millones.
La Función Pública comprobó que solo existen cinco inmuebles a nombre de Bartlett con valor de ocho millones de pesos: un edificio en la calle Tenesee 14, colonia Nápoles Insurgentes; un inmueble en avenida Mazatlán 101, colonia Condesa; otro en avenida Revolución 344, colonia Tacubaya; en Avenida Revolución 342, colonia Tacubaya; y en calle Obrero Mundial 718, colonia Atenor Salas. Todos ellos fueron reportados tanto en su declaración patrimonial y de intereses inicial como funcionario, del 24 de diciembre, como en la modificación presentada el 24 de mayo.
La Secretaría fue más allá de las declaraciones recientes del funcionario y examinó las que presentó cuando fue senador, de 2012 a 2018, y concluyó que la evolución de su patrimonio era congruente.
¿Y sus familiares?
Todas las propiedades de familiares de Bartlett mencionadas en el reportaje son reales y efectivamente están a nombre de esas personas, e incluso la SFP encontró otras dos que no se habían mencionado.
Se trata de bienes a nombre de sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, de su pareja Julia Elena Abdalá Lemus, del hijo de ella, Julio Antonio del Regil Abdalá, de Alfredo Puente Córdoba, Óscar Manuel González Sánchez y un inmueble a nombre de la persona moral Cawaret SA de CV.
Pero la SFP descartó que todas estas personas sirvan como prestanombres del funcionario.
“Esta Secretaría no cuenta con ningún elemento que sugiera que estos sean prestanombres del servidor público, en virtud de que no se tiene constancia de la existencia de títulos, acciones o instrumentos jurídicos con los que se ejerzan actos de dominio sobre los respectivos inmuebles”, señala el informe técnico hecho público este jueves tras la conferencia de prensa.
¿Por qué no declaró todos esos bienes?
La Función Pública confirmó que legalmente Bartlett no tiene obligación de reportar todas estas propiedades. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que un funcionario debe indicar los inmuebles o bienes que estén a nombre de sus hijos cuando son menores de edad o sus dependientes económicos. La investigación, según señaló Sandoval Ballesteros, confirmó que León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez tienen ingresos propios y rinden cuentas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Cuestionada sobre si se indagó en la capacidad económica de los hijos para poder tener los bienes y empresas a su nombre, el director general de Denuncias e Investigaciones de la SFP, Efraín Álvarez, reconoció que eso no fue parte de la investigación porque eso excedería las facultades de la Secretaría al ser bienes de particulares y no de funcionarios públicos, por lo que solo corroboraron que están a nombre de ellos y que no reportan beneficios a Bartlett.
¿Qué pasa con los bienes de su pareja?
La Ley también obliga a un funcionario a reportar las propiedades e ingresos a nombre de su esposa o concubina. Sandoval reconoció que Julia Elena Abdalá Lemus es pareja sentimental de Bartlett, algo reconocido públicamente, pero que no hay condiciones legales para que tenga que reportar lo que le pertenece a ella, ya que no se encontró acta de matrimonio que los una, ni hijos, ni que vivan juntos.
“Después de analizar los domicilios de ambos en los últimos cinco años, se advierte que no se encuentran en el supuesto de concubinato, pues no reúnen el requisito de vivir juntos en el mismo inmueble por más de dos años, ni se acreditó que tengan hijos en común. Esto significa que el servidor público no tenía la obligación legal de declarar los bienes propiedad de Julia Abdala Lemus. Con independencia de que conlleven una relación sentimental, no los vincula el concubinato ni el matrimonio”, señala el informe técnico de la Secretaría.
Sin embargo, en los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses, esa relación afectiva será suficiente para que tenga que considerar sus bienes, a partir de 2020.
¿Qué empresas tienen?
La investigación periodística sobre Bartlett Bienes Raíces señaló que la empresa Cawaret SA de CV funciona como prestanombres del director de la CFE, ya que mediante ella se compró la casa en la que actualmente vive, y que también tiene participación en la empresa Comercial Lebasi SA de CV, sin que las haya reportado en su declaración.
La SFP confirmó que es socio de Lebasi, pero aseguró que sí fue reportado en su declaración patrimonial, como una inversión de capital por 25 millones de pesos, aunque no se mencionaba públicamente el nombre de la empresa.
De Cawaret, Bartlett fue apoderado legal hasta el 5 de noviembre de 2018, cuando le fue revocado el poder que tenía, previo a asumir el cargo de director de la CFE.
¿Ha dado contratos a las empresas de su pareja o hijos?
La respuesta de la SFP es que no.
León Manuel Bartlett Álvarez diruge Cyber Robotics, constituida en 2010 y que ya tiene contratos en el actual gobierno. La investigación encontró 35 contratos, más de los exhibidos por el reportaje periodístico, la mayoría de ellos con hospitales. Por ello, se determinó que no hay conflicto porque ninguno de los acuerdos comerciales tiene que ver con CFE ni con el sector energético.
El hijo de Bartlett también participa en Playa AAK SA de CV, Xibalba Resorts y la Agencia de Publicidad CBW y Asociados, sin que haya beneficio económico en esta administración.
Por su parte, Abdalá Lemus posee la empresa JAL Consultoría Especializada, que ofrece servicios de fibra oscura y ahorro de energía, que según el reportaje fue constituida cuando Bartlett era senador y en 2017 obtuvo contratos por 2.7 millones de pesos.
Sandoval Ballesteros explicó que actualmente aparece en el registro de proveedores de gobierno, pero desde la presente administración no se le ha dado ningún contrato, por lo que no hay conflicto de interés.
Abdalá también tiene participaciones en las empresas Digilogics, la joyería Tidure’s, Modafil y TZ’IKIN, pero no se encontró ninguna relación con el funcionario ni contrataciones que sugieran conflicto de interés.
La SFP informó que recibió en total 33 denuncias y alertas contra Bartlett, la mayoría anónimas, aunque también de políticos como Xóchitl Gálvez y Fernando Belaunzarán, entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre. Pero todas ellas, detalló Sandoval, contenían la misma información publicada por Loret de Mola y ninguna traía datos adicionales.
La investigación inició el 9 de septiembre. Fueron realizadas más de 50 diligencias y consultas de información tanto a instancias públicas como a privados, incluyendo los familiares del director de la CFE, además de que el propio Bartlett compareció ante la SFP el pasado 2 de diciembre.
Había tres posibles faltas a investigar: enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, que fueron descartados por la veracidad en las declaraciones patrimoniales del funcionario; posible actuación bajo conflicto de interés, rechazada porque no tiene control sobre las empresas involucradas ni la dependencia que dirige les ha otorgado contratos; y tráfico de influencias, que tampoco se observó.