En la mayor parte del periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, entre el 1 de diciembre del 2012 y hasta el 16 de julio del 2018, Pemex erogó unos 4,909 millones de pesos para mantener seguras sus instalaciones y bajar la incidencia en el robo de hidrocarburos en sus instalaciones; sin embargo, los registros revelan que dicho ilícito creció.
En la administración pasada se aplicó el plan denominado Diseño y Aplicación de la Estrategia Integral de Salvaguardia para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (DAEIS), cuya ejecución dependió de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex.
En marzo del 2013, la Subdirección de Salvaguardia realizó un análisis de los robos de combustibles que padece la petrolera mexicana. Derivado de ello se encontró que no había la suficiente capacitación del personal, además de que no se tenía margen de respuesta por parte del personal de Pemex ante la detección de alguna toma ilegal.
Ante esta situación, la petrolera nacional decidió, de acuerdo con el Libro Blanco del DAEIS, impulsar convenios con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina para el resguardo de los ductos de Pemex por personal castrense, además de gastar en renovar la flotilla de vehículos, así como mejorar la infraestructura en materia de seguridad de las instalaciones.
Aunado a ello, se creó un centro de contacto para atender denuncias ciudadanas sobre el robo de combustibles y se creó una aplicación para los agentes encargados de la seguridad y así agilizar los reportes que envían al detectarse un hecho delictuoso, entre otras medidas más.
En total fueron tres los ejes de dicho plan: el fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex; la rehabilitación y construcción de espacios de la exrefinería 18 de marzo en la Ciudad de México para actividades de seguridad y la adquisición de armamento para la Subdirección de Salvaguardia.
En este último rubro, Pemex adquirió armamento para el personal operativo en tres ocasiones: en el 2013, el 2016 y el 2017.
Para el primero de los años, la empresa productiva del Estado destinó 4.74 millones de pesos; en el 2016 fueron 7.88 millones, y en el 2017 fueron 5.09 millones de pesos, para dar en total 17.71 millones.
De acuerdo con los reportes, con dichas asignaciones se renovó casi la totalidad del armamento del personal operativo de la Subdirección de Salvaguarda, cuyo número de personal se encuentra reservado por Pemex durante los siguientes cinco años a partir del pasado septiembre, por considerarse que puede afectar el desempeño del área.
Los proyectos que consumieron mayores recursos fueron, en primer lugar, el fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex, en donde se erogaron 2,521.05 millones de pesos en el periodo señalado.
En dicho programa se incluyeron los recursos para la creación de la aplicación, el centro de contacto para denuncias, la renovación de tecnología de geolocalización, vigilancia y comunicación y un contrato de arrendamiento celebrado para la utilización de 365 camionetas tipo pick up y tres motocicletas.
El segundo rubro en el que se ejerció la mayor parte de lo destinado en erradicar el huachicoleo fue en los gastos de operación que derivaron de los proyectos de inversión, en donde se aplicaron unos 2,195.55 millones.
En tanto que en la rehabilitación y construcción de los espacios de la exrefinería 18 de Marzo se aplicaron 175.08 millones de pesos.
El DAEIS fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en dos ocasiones, en la Cuenta Pública 2015 y 2016.
Para el primero de los años, el máximo órgano auditor del país emitió cuatro promociones de responsabilidades administrativas en contra de funcionarios de la Subdirección de Salvaguarda, en tanto que para el segundo año se emitieron cinco promociones más contra funcionarios públicos de la misma área de Pemex.
No obstante, en este último caso la ASF determinó archivar los expedientes debido a la falta de elementos para continuar con los procedimientos.
Los resultados
Según el mismo documento, los resultados obtenidos tras la implementación de la estrategia contra el huachicol está la clausura de 70 estaciones de servicio de gasolina que no comprobaron la procedencia lícita del combustible que vendían en el 2017, con lo que en dicho año se recuperaron “casi 15 millones de litros”.
Se despidieron entre el 2013 y hasta julio del 2018 a 40 trabajadores de Pemex a quienes se les vinculó con el robo de combustibles; se detuvieron a casi 1,600 personas de las cuales en 1,024 se judicializó su caso, de ellas 189 se mantenía en prisión hasta julio del año pasado.
En el 2014, el número de tomas alcanzó 3,635, en tanto que entre enero y octubre del año pasado, últimos meses con registros oficiales, fueron 12,581 tomas.
