Desde que en 2009 la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) se prohibió en Honduras, las consecuencias para las mujeres han sido devastadoras, en especial para las sobrevivientes de violencia sexual que han tenido embarazos no deseados o recurrido a métodos clandestinos que ponen en riesgo su vida.
El país centroamericano todavía no cuenta con un protocolo de atención integral, que incluya la PAE como un alternativa efectiva para prevenir embarazos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “estos métodos deberían integrarse sistemáticamente en todos los programas nacionales de planificación familiar. Es más, la anticoncepción de urgencia debería integrarse en los servicios de salud que se prestan a las poblaciones con mayor riesgo de relaciones sexuales sin protección, incluida la atención posterior a una agresión sexual y los servicios dirigidos a mujeres y niñas que viven en entornos de emergencia o de ayuda humanitaria”.
Además de la prevención de embarazos, el protocolo contempla: la profilaxis de infecciones de transmisión sexual, VIH y la atención psicológica y social.
Médicos Sin Fronteras (MSF) atendió en 2018 cerca de 592 casos de violencia sexual en Tegucigalpa, de los cuales 87 por ciento fueron mujeres y 41 por ciento menores de 18 años. Además se detectaron 29 mujeres en estado de embarazo: 27 consideraron que fue producto de una violación y de ellas cinco eran menores de edad.