El Colectivo Hermanos Serdán, logró que un juez federal ordenará hacer público el contrato de Concesión de Agua de Puebla, pues promovieron un amparo, ya que las autoridades no están dando a conocer las condiciones bajo las cuales se presta el servicio, lo que viola los derechos humanos.
El proceso de privatización del servicio público del agua potable y alcantarillado comenzó en 2012, con la Ley de Agua que implementó el morenovallismo, lo que provocó que 25 municipios poblanos resultarán con privatización del recurso.
Sin embargo las autoridades no han querido hacer público el contrato de Concesión, lo que es una forma de violencia hacia los derechos humanos, pues no se sabe en qué condiciones se da el servicio.
Carlos Popoca Bermúdez, integrante del Comité explicó que debido a esto, promovieron un amparo ante el Juzgado Sexto de distrito en materia civil, como primer paso en busca de la verdad detrás de la gestión pública del agua.
Con ello, lograron que el juez federal ordenara transparentar la concesión, lo que obliga a Soapap a entregar en un transcurso de 15 días el contrato completo y se haga público.
Se está solicitando la totalidad del contrato, será público y al alcance de todos los ciudadanos, (...) lo tienen que entregar el Soapap, estamos esperando a que sea en el transcurso de 15 días”, declaró.
Asimismo, aseguró que la difusión del Título de Concesión generará un control de la gestión del Soapap y Agua de Puebla, ya que su conocimiento ayudará a tener un control social de los involucrados en el servicio público.
Durante el 2018, Popoca Bermúdez ya había solicitado el título de concesión de la empresa, pero este terminó en el ITAIPUE, donde mencionaron que la información era reservada.
Además, acusó que Soapap y el ITAIPUE, “pretenden ocultar las condiciones en que se presta el servicio de agua, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales”, dijo.
Gerardo Pérez Muñoz, miembro del organismo, mencionó que ya han solicitado al gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido y al Congreso del Estado, que se restructure el ITAIPUE y el Instituto Estatal Electoral, pues consideraron que ya es necesario.
Además, hicieron el llamado a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, a que impulse una iniciativa al Congreso para reformular o reestructurar el decreto de creación del Soapap, pues no puede ser presidido por el gobernador en turno, sino por ella.