Integrantes de diferentes organizaciones civiles como “Liberando México”, “Voz Ciudadana por los Derechos Humanos” y “Colectivo de Estudiantes”, anunciaron que promoverán juicios de amparo para contrarrestar el aumento a la tarifa del transporte público en Puebla, pues consideraron que no es acorde a la calidad de las unidades.
En rueda de prensa, el activista Luis Soriano resaltó que no se llevaron a cabo estudios para determinar cuál sería el precio justo, por lo que además presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH).
No pueden incrementar el valor del transporte público sin que antes se repare el transporte. El incremento no ha sido por un tema de rebeldía, el aumento no se dio porque los concesionarios no se comprometieron a mejorar sus unidades, por eso se va a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en contra del gobernador”, apuntó.
El inconforme propuso que el incremento sea gradual, es decir, de 50 centavos por año pues de esta manera no se afectaría la economía de los poblanos.
Hilario Gallegos, otro de los activistas inconformes, pidió que antes del incremento los transportistas modernicen sus unidades y que se otorguen descuentos a estudiantes pues un porcentaje menor de la población cuenta con una beca.
Finalmente, anunciaron la realización de dos manifestaciones para pronunciarse en contra del incremento: La primera marcha será este martes 8 de octubre a las 12:00 horas partiendo del Zócalo a Casa Aguayo y la segunda el domingo 13 a las 11:00 horas, saliendo del Paseo Bravo y culminando en el Zócalo de Puebla.
El pasado domingo 6 de octubre, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Puebla, Guillermo Aréchiga confirmó que partir del 12 de octubre incrementará el costo del pasaje: para el caso de transporte tipo autobús el precio pasará de 6 a 8.50 pesos, mientras que para las urvans el pasaje subirá de 5.50 a 8 pesos.
VER: OFICIAL: El 12 de octubre el pasaje en Puebla costará 8.50
Aunque no se implementaron descuentos para estudiantes, estos sí se mantienen para los adultos de la tercera edad, que seguirán pagando 4 pesos, mientras que las personas con alguna discapacidad no pagarán nada.
Con esta medida, los transportistas están obligados a instalar en todas sus unidades cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sistema de localización GPS en un plazo de 120 días.
Asimismo, los choferes deberán renovar cada seis meses su carta de antecedentes no penales y la licencia de conducir, para que las autoridades puedan monitorearlos si cometen alguna infracción.